Solo el tiempo dirá si la primera medida del Gobierno -levantar el control estatal sobre los gastos de la Generalitat- ha sido un gran acierto o, por el contrario, un grave error. Entre tanto, no cabe dudad de que tal decisión resulta coherente con el juicio que sobre la crisis catalana ha venido defendiendo Pedro Sánchez: que de ella eran culpables tanto las instituciones de la Generalitat como el Gobierno de Rajoy. Es decir, tanto los que organizaron una rebelión en toda regla contra nuestro Estado democrático como quien la paró aplicando -con el apoyo, entre otros, del PSOE- el artículo 155 de la Constitución.
La teoría de la responsabilidad compartida entre los insurrectos y los defensores de la legalidad ha reportado sin duda notables beneficios, dentro y fuera de Cataluña, a sus patrocinadores. Sánchez la formuló hace ya tiempo («Rajoy es el Red Bull que da alas a los independentistas») y volvió a la carga con ella en el debate de la censura que lo llevó al fin a la Moncloa.
Muy útil, sin duda, para hacer oposición, esa teoría encierra, sin embargo, un altísimo peligro: que uno acabe por creérsela, lo que puede conducir a resultados desastrosos. El más grave está a la vista de cualquiera que haya seguido el disparatado desarrollo del esperpento catalán: el convencimiento de que las cosas pueden arreglarse en Cataluña poniendo la buena voluntad que, supuestamente, le habría faltado al Gobierno de Rajoy y abriendo el diálogo con la Generalitat al que, supuestamente, el Gobierno de Rajoy se habría negado.
Si el origen de la mayor crisis política vivida en España desde 1977 fuera ese -la ausencia de interlocución entre dos partes que no han llegado a entenderse por su mutua cabezonería- resolver el problema catalán resultaría sencillísimo: bastaría con romper el hielo, dar un paso al frente y sentarse a hablar del futuro con buena voluntad, en busca de un arreglo que convenga a las dos partes.
Tal forma de abordar el problema presenta, claro, un pequeño inconveniente: que se basa en un juicio sobre lo acontecido en Cataluña que es falso de toda falsedad. Porque la rebelión no ha sido la consecuencia de la falta de diálogo, sino todo lo contrario: el diálogo se ha hecho imposible con quienes por un acto de fuerza derogaron en Cataluña la Constitución y el Estatuto, y declararon la independencia y la república, hechos gravísimos por los que sus autores están sometidos a proceso.
No hay que ser muy listo para ver con claridad que una situación de extrema debilidad como la que vive hoy nuestro Gobierno es la ideal para que los secesionistas intenten asestar un nuevo golpe. Ni muy desconfiado para maliciarse que ese «diálogo sin límites ni condiciones» que propone Joaquim Torra -más de lo mismo- podría ser el paso previo al comienzo del segundo acto de la insurrección. Salvo, claro, que el nuevo Gobierno, además de a hablar, estuviera abierto a pactar lo que hasta ahora se ha considerado innegociable.