Desde que echó a andar la rebelión hemos calificado al nacionalismo catalán de maneras diferentes: separatista, secesionista, soberanista, independentista o sedicioso. Siendo todos ciertos, ninguno de esos adjetivos describe, sin embargo, la alucinada metamorfosis que tal nacionalismo ha experimentado tras haber optado por obtener por medios ilegales el ilegal objetivo que sabe que jamás podrá lograr cumpliendo las leyes que a todos nos obligan.
Si hemos de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, el catalán es hoy esencialmente un nacionalismo facineroso. Y es que, pese a sus diferencias, los partidos que actualmente lo componen y las asociaciones que lo apoyan tienen en común la decidida voluntad de actuar como si las leyes y los tribunales no existiesen.
Al igual que para cualquier organización de delincuentes, para el nacionalismo catalán no hay más leyes que las que dictan sus delirantes objetivos: esa república catalana independiente que han declarado ya dos veces con los desastrosos resultados de todos conocidos. Por eso, con la autonomía catalana aún intervenida, el candidato a la presidencia de la Generalitat señalado por el dedo del profeta Puigdemont dejó ayer claro que su único programa de gobierno es violar la ley en cuanto disponga de los instrumentos necesarios para ello: es decir, del poder de las instituciones autonómicas.
Dominados por una obsesión tan peligrosa como insana, los nacionalistas han perdido en Cataluña el más elemental sentido de la realidad y están dispuestos a repetir el proceso que provocó en España la mayor crisis de nuestra democracia. La respuesta constitucional al nuevo desafío secesionista (impulsar un «proceso constituyente») y a las mentiras siderales con las que pretende el nacionalismo mantener en pie de guerra a sus bases más sectarias (esa paranoia de la «crisis humanitaria» de la que habla el monaguillo del fugado Puigdemont) debe ser inmediata y debe ser adecuada a la increíble, y ya insoportable, contumacia de quienes han perdido toda capacidad para ver la inmensa distancia que existe entre delinquir y hacer política. Porque, a diferencia de hace un año, ahora sabemos que cuando el nacionalismo habla de proclamar una república catalana independiente quiere decir eso exactamente: derogar por un acto de fuerza la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña. Tal dislate, que nos avergüenza, que está haciendo un daño inmenso a los intereses generales y que ha fracturado de un modo ignominioso a la sociedad catalana tiene que acabarse de una vez. Ninguna democracia puede resistir este ataque permanente, ni los españoles tenemos porque seguir soportando que se sigan malgastando en parar las baladronadas de unos facinerosos inmensas energías que deberían dedicarse a resolver los problemas de millones de personas.