Un caos de 1.200 euros


Si usted lleva un inhibidor de radares en su coche y se lo descubre la Guardia Civil, le imponen una multa de 6.000 euros y le quitan seis puntos del carné. Pero si usted es concesionario de un negocio llamado AP-6 y tiene la mala suerte de que un día nieva y resulta incapaz de organizar el tráfico y provoca un enorme caos que sufren 3.000 conductores durante 18 horas, el erario público es delicadísimo con usted. Primero, el Gobierno se pone a cavilar qué puede hacer. Después abre expedientes que ocupan cuatro meses y, finalmente, la durísima sanción: ¡1.200 euros! Puede venir una más grande allá para septiembre, cuando se terminen del todo los expedientes sancionadores; pero hoy la noticia es que Abertis, la concesionaria, ha sido sancionada con esa multa de 1.200 euros por el caos que no supo o no pudo evitar en una autopista de pago. ¿Cómo se le queda el cuerpo? En este país tenemos unas leyes que imponen penas más duras al ladrón de gallinas que al atracador de bancos. Y tenemos una legislación de servicios que también sanciona más duramente a un pobre ciudadano a quien se le ocurre parar en el arcén de la autopista a orinar porque está de la próstata que a toda una organización empresarial que deja a miles de conductores atrapados en sus coches sin poderse mover ni poder orinar. La multa solo tiene carácter disuasorio para los pobres. Con lo cual, cuando la concesionaria de la autopista haga su próximo plan de vialidad invernal, se preocupará lo justo. ¿Para qué molestarse, si la sanción va a ser de 1.200 euros y los beneficios anuales de la compañía se acercan a los 1.000 millones? Se paga la sanción -quizás con descuento por pronto pago-, y tan felices. Entre que hay la posibilidad de que no vuelva a nevar así y lo escaso de la cuantía, mejor se deja descansar a conductores y quitanieves. Se ahorra más en salarios y desgaste del material que evitando la sanción. Supongo que estas sanciones son legales y son las que figuran en la Ley de Autopistas y en el Código de Circulación. Pero no me digan que no da un poco de vergüenza aplicar ese castigo. Y más todavía verlo publicado. Y no me extrañaría que Abertis lo recurra, que abogados tiene para ello. Si yo fuese uno de los afectados por aquel carajal, me presentaría ante el ministerio de Fomento con una pancarta. Y haría las cuentas: 1.200 euros y 3.000 conductores salen a menos de 50 céntimos por conductor. Eso es lo que valemos para el poder.

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