Un sindicalismo serio y democrático, centrado en la mejora de las condiciones laborales y salariales de sus afiliados, y sensibilizado con las condiciones generales del país, jamás plantearía una huelga de los servicios de Justicia como la que estamos soportando -cautivos e inocentes de su abierto chantaje- todos los gallegos. Tratándose de un conflicto dirigido contra la Administración pública, y protagonizado básicamente por funcionarios, ningún sindicato serio plantearía una huelga indefinida, como esta, sin antes recurrir a un plan de paros parciales que permitiesen tantear y explorar las posiciones de las partes y las bases del acuerdo. Un sindicalismo maduro y democrático tampoco formularía sus demandas en función -exclusivamente- de su potencial de chantaje, rompiendo los márgenes de negociación que tiene la Administración, y sin tener en cuenta un modelo solidario de subidas salariales que evite que los privilegios de unos sean pagados con la penuria de otros. Y un sindicalismo decente, que se reconociese en todos los trabajadores, y no tratase a cada colectivo como un todo independiente, tampoco se embarcaría en este conflicto sin tener claras las puertas de salida, y jamás confundiría el éxito de su negociación con la obsesión de doblegar a una Administración del PP con exigencias más propias del populismo indignado que del sindicalismo constitucional. Tampoco es de recibo que, sin tener en cuenta la condición funcionarial de los huelguistas, que a la vista de los demás trabajadores tienen el privilegio de trabajar para un patrón que ni quiebra ni despide, se aprovechen alevosamente de su ambigua posición -que les hace depender funcionalmente de un Poder y orgánicamente de otro- para trampear con unos servicios mínimos que en absoluto se correspondan con la naturaleza y el interés social de la función que ejercitan. Nadie entiende que, si las huelgas de transporte o de los trabajadores se pueden contrarrestar con servicios mínimos adecuados, los funcionarios de la Justicia aparquen su chantaje en tierra de nadie, entre la Justicia y la Xunta, hasta bloquear, fuera de toda lógica, un servicio esencial.
El derecho de huelga no ampara un pulso sin reglas y sin costes efectivos entre dos intereses contrapuestos, sino una negociación que equilibra el peso y los costes de ambas partes en orden a la obtención de convenios justos, realistas y solidarios. Por eso no tengo reparos en decir que los sindicatos que pilotan este raleo se están deslizando hacia la huelga salvaje, cuya única víctima es una sociedad cautiva que se enfrenta al dilema de pagar su propio rescate, mediante cesiones no generalizables, o ser la pagana del grave desorden en el que estamos metidos. Porque nada hay más indecente que un pulso entre una Administración y unos sindicatos en el que, lejos de arriesgar algo por su teatro, solo gastan la pólvora del Rey que pagamos los ciudadanos.