Al ojo de Hacienda, bastante miope a la hora de penetrar en las grandes bolsas de fraude, no se le escapa detalle cuando se posa sobre las nóminas de asalariados y pensionistas. Como este terreno lo conoce como la palma de la mano, ayer nos anticipó el impacto previsible que tendrá en cada provincia la reducción del impuesto sobre la renta que figura en el proyecto de Presupuestos.
Con esa materia prima, me he puesto a examinar los efectos de la rebaja en Galicia. Y no solo por egoísmo -que también-, sino porque, como somos una comunidad de salarios recortados y pensiones raquíticas, Galicia constituye un baremo idóneo para medir la progresividad o regresividad de cualquier modificación fiscal. Si Galicia sale beneficiada en el reparto de golosinas, podemos afirmar que la reforma reduce las desigualdades de renta. Si sale perjudicada, es seguro que las incrementa. Vayamos, pues, con los números.
La proyectada rebaja del IRPF -rentas exentas hasta 14.000 euros anuales, bonificaciones para ingresos inferiores a 18.000- favorecerá a 268.580 gallegos, entre ellos 85.495 pensionistas. La quinta parte de los contribuyentes gallegos y once de cada cien pensionistas pagarán menos o no pagarán nada. En el conjunto de España serán menos los beneficiados: solo el 17 % de los contribuyentes y uno de cada diez pensionistas mejorarán posiciones. Estos datos reflejan un tenue carácter redistributivo, corroborado además por la distribución del coste que supondrá para el erario público. La rebaja le costará a Hacienda -dejará de ingresar- 1.557 millones de euros al año, de los cuales 411 millones corresponden a Galicia: el 7,7 % del total.
Conviene, no obstante, matizar las cifras. Galicia sale bien parada porque cuenta, proporcionalmente, con mayor número de nóminas exiguas y de pensiones reducidas. De hecho, el ahorro medio por beneficiario de esa rebaja será parecido e incluso ligeramente inferior a la media española. El contribuyente gallego ahorrará 445 euros al año y el español 446. El pensionista gallego retendrá 419 euros más en su bolsillo y el español, 423.
En todo caso, tengo la tentación de reconocerle al ministro Montoro, sin que sirva de precedente, que esta rebaja tiene un cariz positivo y progresivo. Muy distinto del de aquella inicial propuesta suya que, con el pretexto de bonificar los «costes inherentes» a las edades avanzadas, solo beneficiaba a la exigua aristocracia de los pensionistas, que también existe.
Pongámosle ahora el rabo a la cereza, ya que no es oro todo lo que reluce en la rebaja. Apuntaré telegráficamente un par de cuestiones. Ni Montoro gastará este año 1.557 millones ni el contribuyente gallego ahorrará este año los susodichos 445 euros: la rebaja solo entrará en vigor -si entra- a partir de la aprobación -si se aprueban- de los Presupuestos. Solo surtirá efecto unos meses. Pero Montoro sí espera recaudar por IRPF, pese a desprenderse generosamente de la calderilla que le cueste la rebaja, 5.000 millones de euros más que el año pasado. ¿Se imaginan de qué bolsillos saldrán?