Definitivamente es el nuestro un país acomplejado. Así lo prueban de nuevo las reacciones a la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein declarando que Puigdemont no había cometido rebelión y que, por ese delito al menos, no se le extraditaría. Un hecho inaudito que habría levantado en Francia, Italia o Gran Bretaña una formidable polvareda y que ha generado aquí, con raras excepciones, solo dos tipos de respuestas, ambas dominadas por un sentido de culpa vergonzoso.
Primera: la de quienes, con razón, han denunciado los efectos muy negativos que tendrá esa decisión en la lucha que dentro de los estrictos límites del Estado de derecho mantiene nuestra democracia frente a la conspiración sediciosa, insólita en Europa, que pretendía (y aún pretende) acabar por la fuerza con la unidad de España y su forma de Gobierno.
Segunda: la de quienes, también acertando, han señalado que es rotundamente falso que la decisión de los jueces alemanes otorgue de ningún modo la razón al secesionismo: tras negar que exista en España persecución política alguna contra Puigdemont, reconocen los jueces con toda claridad que en el proceso secesionista hubo violencia y que aquella «puede imputarse al acusado como iniciador y defensor de la celebración del referendo».
¿Por qué no conceden, pues, la extradición por rebelión? Porque los jueces consideran que los actos violentos del procés no tenían la naturaleza que se exige en Alemania para apreciar la existencia del delito similar (alta traición) previsto en su Código Penal: a saber, la capacidad de forzar al Estado a rendirse a los rebeldes.
Dicho de un modo que sea comprensible para los legos en derecho: los jueces de Schleswig-Holstein, en una escandalosa extralimitación de sus funciones, que revienta todos los principios en que se basa la euroorden, entran en el fondo del asunto, se permiten apreciar los hechos del caso y resuelven ¡en 48 horas! una cuestión que no les compete en absoluto sobre la que llevan varios meses trabajando en España el juez instructor y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la naturaleza de los actos violentos que han tenido lugar en Cataluña. Para más inri, y en unas declaraciones que constituyen un insulto inadmisible, la ministra alemana de Justicia, justificando el increíble proceder de la judicatura germana, se permite leernos las cartilla y desafiar la rectitud de nuestro Estado de derecho.
Esto es lo que, por ese complejo de inferioridad que deja a España a la altura de una república bananera, casi nadie se ha atrevido a decir en voz bien alta: que no se trata solo de que los jueces alemanes no se fíen de nuestro sistema judicial. Que la cosa es, si cabe, mucho peor: su decisión, gravísima e inaceptable, impide que Puigdemont sea juzgado en donde presuntamente ha delinquido porque los jueces alemanes, ¡sin juicio!, lo han absuelto. Una intromisión intolerable en nuestra soberanía con la que no se habrían atrevido si Puigdemont se apellidase Bianchi, Glenn o Arnaud.