Si Puigdemont hubiera prendido fuego al Parlament al tiempo que se pasaba por el arco del triunfo el Estatuto y la Constitución, no habría discrepancia alguna sobre si hubo o no un delito de rebelión. Pero como el colosal incendio generado por el expresidente no está formado por las clásicas llamaradas, ni desprende el humo de las típicas hogueras, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein ha decidido que el juez Llarena está equivocado y que lo que haya hecho Puigdemont no se puede equiparar a un delito de rebelión porque no ha sido violento. Por supuesto, no hay más remedio que respetar la decisión judicial por muy dañina que esta sea para la credibilidad de España. Como no hay otra que respetar al juez Llarena por mucho que no les convenga a los independentistas y por mucho que sus planteamientos difieran en parte de los que han llevado a cabo los magistrados alemanes.
La primera reflexión a la que nos lleva la resolución es que España se ha llevado un tremendo varapalo, viendo dañada su credibilidad y alimentando a quienes han sostenido sistemáticamente que Llarena era un títere en manos del Gobierno y que toda su actuación ha sido fruto de la más cruel represión de un estado autoritario. Según quienes así piensan, el magistrado del Supremo ha actuado más como un justiciero que como un juez.
La segunda es que Puigdemont y compañía han recibido gasolina para rato. Podrán explotar su victimismo y seguir acusando al Ejecutivo de Rajoy de encarcelar a personas por sus ideas políticas. Se avecina una matraca épica.
La tercera, que desde el principio hubo juristas que detectaron que la gran debilidad de los autos de Llarena estaba precisamente en el concepto de la violencia y que hubiera sido más atinado procesar a los protagonistas activos del procés por sedición, en lugar de por rebelión.
Y la cuarta es que Europa dista mucho de ser una unión, porque en una verdadera Unión Europea, donde la primera premisa es que todos los países miembros son estados estrictamente democráticos, no se producirían estas contradicciones. España es un país de libertades y está perfectamente capacitado para juzgar, encarcelar, liberar, condenar o absolver a cualquier ciudadano o delincuente cuyo paso por los juzgados sea pertinente. Pero vivimos en una UE en la que un juez alemán puede imponer su criterio a uno español y decidir por lo que España puede o no juzgar a alguien. Un engorro difícil de entender para la mayor parte de los ciudadanos y propio de esta desunión europea que vivimos.
Pero consideraciones al margen, que se pueden hacer cientos, no hay que olvidar que tipifiquemos como tipifiquemos lo que hicieron Puigdemont y sus amigos, han herido gravemente a España y a Cataluña y hay que mantener la guardia bien alta porque están dispuestos a seguir enredando en su bucle infinito.