Frente a quienes vaticinaban que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña sería una temeridad irresponsable que solo serviría para dar alas y votos al independentismo, fomentar la insurrección en los funcionarios de la Administración catalana y promover la solidaridad de las democracias occidentales con la causa secesionista, la activación del precepto constitucional ha sido la herramienta más eficaz para impedir que una minoría impusiera su voluntad antidemocrática a todos los catalanes y desmantelar un entramado institucional al servicio del separatismo que se financiaba con fondos públicos.
El minucioso y documentado relato que ha hecho el juez Pablo Llarena deja claro que el golpe llevaba años gestándose y que el «diseño criminal» se llegó a plasmar en un Libro blanco presentado por la Generalitat en el 2014. Es decir, que, aunque eficaz, el 155 llegó en realidad muy tarde. El tiempo hace que todo se olvide, pero conviene recordar que aún en julio del 2017 el PSOE aseguraba que ««nunca» lo apoyaría. «No comparto que el Gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155», afirmaba Pedro Sánchez. Y ese mismo mes, Albert Rivera decía que activarlo «sería un titular fantástico para Puigdemont, pero ni se lo vamos a dar, ni lo vamos a aplicar».
Afortunadamente, ambos cambiaron de opinión y Rajoy despejó sus dudas. Gracias al 155, el Gobierno golpista fue depuesto y una gran parte de las instituciones de Cataluña han dejado de ser plataformas al servicio de la causa independentista. Esa evidencia no debe hacernos olvidar, sin embargo, que existen dos agujeros negros inexplicables en la aplicación del 155. La vergonzosa e injustificable inacción de los Mossos ante la violencia callejera ejercida estos días por los Comités de Defensa de la República y su permisividad ante el corte de carreteras o el levantamiento de las barreras de autopistas de peaje evidencian que el Gobierno erró gravemente al confiar en que bastaba con sustituir al mayor Trapero -que increíblemente sigue ocupando un cargo relevante pese a estar imputado por dos delitos de sedición- para que la policía autonómica se pusiera al servicio del orden constitucional, tal y como establecían las medidas aprobadas en el Senado, que autorizaban al Ejecutivo a ir mucho más lejos para poner orden en un cuerpo que sigue infestado de mandos golpistas.
El otro gran baldón en la aplicación del artículo 155, achacable al PSOE, que impuso ese veto inexplicable para apoyarlo, pero también al Gobierno, que se plegó a ello, ha sido permitir que la televisión pública catalana TV3 siga siendo un órgano de propaganda de la causa independentista, una factoría de manipulación informativa y educativa y una plataforma sectaria de acoso a todo aquel que defienda el orden constitucional en Cataluña. No se trata de que el Gobierno intervenga la policía y los medios públicos. Se trata de que la normalización y la democracia plena en Cataluña serán imposibles mientras no se garantice que los Mossos y TV3 están al servicio de todos los catalanes.