El «procés»: y colorín, colorado...


Dos han sido, sin ningún género de dudas, aunque sea difícil saber en qué exacta proporción, las principales razones que han llevado al secesionismo catalán al absoluto desastre que ayer, entre llantos y caras desencajadas, puso fin definitivo a su delirante rebelión: la conciencia de impunidad nacida de la práctica histórica de un nacionalismo que ha gobernado durante años Cataluña como una finca privada, donde podía hacer lo que quisiera, incluido incumplir la ley, sin que jamás pasara nada; y la ceguera que provoca siempre el fanatismo, embotador de la capacidad para calcular las consecuencias derivadas de los actos que uno acomete convencido de que no tendrán ninguna.

Porque si sería fácil entender que políticos instalados en la marginalidad, como son los de la CUP, pudieran llegar a creer que era posible salir victoriosos de la rebelión contra un moderno Estado democrático, ¡en Europa! y ¡en pleno siglo XXI!, e incluso a convencerse de que en caso de derrota los implicados se saldrían de rositas; ni una ni otra cosa resultan comprensibles en políticos experimentados que llevan muchos años gobernando y, por tanto, imponiendo todo tipo de sanciones a los que, bajo sus administraciones respectivas, optaban por pasarse las normas municipales o las emanadas de la Generalitat por el arco del triunfo.

Sí, sí, estos mismos dirigentes que ahora protestan porque se les aplican unas leyes cuya existencia conocían o que, por idénticos motivos, proclaman que se marchan al exilio (que impúdica e inmensa desvergüenza en un país donde tanta gente tuvo que exiliarse ¡de verdad! huyendo del franquismo) han aplicado sus propias leyes con total tranquilidad, sin admitir que nadie les viniese con el cuento de que estaba exento de cumplirlas porque hacerlo no le convenía, atentaba a sus intereses o frustraba sus desvaríos.

Por eso, el que quienes han impuesto sus leyes a los demás durante años y años sin que les temblara el pulso, porque ese era su deber, pretendan ahora que sus presuntos gravísimos delitos (desobediencia, prevaricación, malversación, secesión y rebelión) no son tales porque ellos se limitaban a hacer política y a defender unos supuestos ideales solo puede ser efecto de una inconmensurable cara dura o de las alucinaciones que provoca el fanatismo.

Ninguno de los 25 dirigentes secesionistas catalanes que ayer fueron procesados acabarán ante un tribunal por hacer política o defender sus ideas, sino por utilizar presuntamente para ello medios delictivos. Por eso, sus acciones, no serán objeto de una negociación política, como solicitan los secesionistas, el PNV y todos sus aliados de extrema izquierda, sino de un proceso judicial: porque en los Estados de derecho -en el español y en cualquiera de los demás existentes en el mundo- los actos presuntamente delictivos no se resuelven negociando en una mesa sino en los tribunales de Justicia.

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