Los jueces y fiscales mientras se encuentren en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. En el anteproyecto de la Constitución se llegó incluso a prohibir que los jueces pertenecieran a asociaciones profesionales, pero una enmienda de la minoría catalana, eliminó esa prohibición. «Un juez podrá ser socialista o comunista, pero no podrá pertenecer al partido correspondiente. El problema será determinar dónde empieza la organicidad», en palabras de Miguel Roca.
El debate constituyente se centró en la necesidad de no confundir independencia como apoliticidad, como si la asunción de una ideología fuera un impedimento para actuar con independencia. El lastre del régimen preconstitucional que obligaba a los jueces a identificarse con los principios fundamentales del Movimiento, contaminó aquel debate a la vez que produjo otro movimiento pendular para prohibir a los jueces la pertenencia a los partidos políticos. Hasta llegar a la vigente legislación orgánica, que limita hasta la participación de los jueces en actos públicos de los partidos y sindicatos.
Sin embargo, quienes nos dedicamos a la función de juzgar no tenemos por qué ser apolíticos ni cosa semejante, pues, ente otras muchas cosas, los jueces votamos en las elecciones, como cualquier otro ciudadano. ¿Es real evitar la adscripción ideológica de los miembros de la carrera judicial? La almendra del problema radica en el hecho de que la pertenencia a los partidos políticos afecta a la percepción de la imagen de la judicatura. El temor no es que los jueces modifiquen su actuación, que no sean independientes ni responsables, sino que los ciudadanos que esperan justicia confíen plenamente en quienes la administran. Los ciudadanos necesitan como nunca en estos dificilísimos momentos confiar en los jueces, pero, a cambio nos exigen que no les mostremos ninguna duda sobre nuestra honradez e imparcialidad. Esto explica que el debate sobre la politización de la Justicia haya terminado derivando hacia un formalismo impregnado en algunos casos de dosis de hipocresía institucional.
Si no se puede impedir la afinidad ideológica de los jueces ¿por qué empujar a la clandestinidad a los hombres y mujeres que consideren que es su derecho o su deber afiliarse a un partido o a un sindicato? Si los jueces juzgamos los asuntos que nos llegan exclusivamente con criterios y razones de Ley; y, si los jueces en nuestra actividad profesional no estamos sometidos a directrices de los partidos, ni de nadie, ¿por qué no abordar la afiliación política de los jueces en la próxima reforma constitucional?