Aunque sobre los temas que componen la agenda de un país cabe siempre optar entre un debate racional o una gresca demagógica, la relevancia de esa elección no es siempre de igual envergadura. Y ello porque hay asuntos tan trascendentales que no deberían ser objeto jamás de demagogia.
La cuestión esencial del asunto de las pensiones -la del futuro económico de todos una vez que, si llegamos allí, nos jubilamos- es uno de esos temas esenciales en los que los partidos tendrían que renunciar a convertir el debate democrático en una feria, donde trata de ganar quien más ofrece sin importarle un pito la posibilidad de hacer luego realidad lo prometido. Evitar tal disparate fue el sentido del Pacto de Toledo, concluido en 1995 con la finalidad de analizar los problemas estructurales del sistema de seguridad social y las principales reformas que deberían en él acometerse. La idea que latía tras el pacto parecía tan obvia como fácil de entender: que la seguridad social es un bien nacional que debe preservarse a toda costa, lo que exige un gran acuerdo político y social entre los grandes actores del sistema (partidos, organizaciones empresariales y sindicatos) para garantizar en el tiempo su sostenibilidad.
Hoy se celebra en el Congreso de los Diputados un pleno monográfico sobre pensiones que debería ser la ocasión para que las fuerzas políticas que representan al pueblo español hablen en serio y con rigor de sus propuestas para hacer frente a una tan tozuda como preocupante realidad.
Pues el problema esencial es el de cómo garantizar el futuro de unas pensiones dignas cuando el número de trabajadores disminuye mientras aumenta el de jubilados, cuando la esperanza de vida de los españoles al nacer (la segunda mayor de la OCDE) ha pasado de 77 años en 1991 a 83 en la actualidad; y cuando las condiciones del mundo laboral (la incorporación más tardía de los trabajadores, la disminución del tiempo de vida activa, la precariedad en el empleo o las peores condiciones salariales) dificultan con toda claridad la sostenibilidad de un sistema en el que lo que cobran los trabajadores jubilados depende de lo que pagan a lo largo de su vida laboral.
Si, como sería indispensable, el debate de hoy, y los que en el futuro lo seguirán, abandona el terreno demagógico en que se ha movido en estas últimas semana -?es decir, si deja de ser una trifulca plagada de trampas y de engaños para seducir a pensionistas que pasan situaciones de gran necesidad- cabría esperar que los partidos razonasen sus actuales divergencias: el Gobierno, y quien lo apoya, por qué solo es posible, según él, subir un casi nada (apenas un 0,25 %) las pensiones y, sí, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios hasta un 8 % en los tres próximos años; los de la oposición, cómo piensan financiar la gran jauja que prometen.
Eso sería hacer democracia de la buena. Lo otro, solo montar follón de la peor especie imaginable.