Una de las reglas fundamentales de las sociedades democráticas es la del respeto al imperio de la ley. El principio, elemento nuclear de la primera sociedad construida sobre bases liberales (el rule of law de los británicos), resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica de todos al fijar límites destinados a evitar que quienes tienen poder puedan abusar de él impunemente. Porque el imperio de la ley se dirige, sobre todo, a sujetar a normas la actuación de los órganos políticos.
Burlarse de la ley es, en consecuencia, un índice inequívoco de desprecio a la democracia por parte de las autoridades que deciden pasarse por el arco del triunfo las normas que están obligadas a cumplir y a hacer cumplir.
En tal categoría se encuentra, sin ninguna duda, Ada Colau, que actúa convencida de que debe ser más fiel a su ideología antisistema que a sus obligaciones como autoridad institucional. Salvo en lo que le conviene -como por ejemplo disfrutar de las muchas canonjías de su cargo-, la alcaldesa se comporta aun como una activista anti desahucios, que favorece con ayudas municipales a las entidades con las que colaboraba, y prefiere el sectarismo de partido al imperio de la ley.
Eso explica que, poco después de tomar posesión de la alcaldía de Barcelona, Ada Colau decidiese primero retirar un busto del rey Juan Carlos que presidía el salón de plenos del ayuntamiento y, después, negarse en redondo a colocar allí un retrato del actual jefe del Estado. La regidora, que se comporta institucionalmente como elefanta en cacharrería, intentó cubrir su ilegal decisión aprobando un reglamento para el caso. Pero una sentencia judicial le ha enseñado a Colau lo que la mayoría de los alcaldes de España saben ya: que hay una cosa que se llama jerarquía normativa y que, por lo tanto, una norma local no puede derogar un real decreto. La jueza, que sí lo sabe, sentencia que el Ayuntamiento de Barcelona tiene la «obligación pura» de incorporar en el salón de plenos el retrato del jefe del Estado.
Aunque el asunto puede parecer anecdótico, está muy lejos de serlo por su significación profunda. Y es que en democracia, ¡hasta ahí podíamos llegar!, se puede ser monárquico o republicano, pero ni una cosa ni la otra son una patente de corso para escoger qué ley se cumple y qué ley no. El rey es el jefe del Estado porque así lo decidió la Constitución aprobada por los españoles (la mejor, por cierto, que jamás hemos tenido y la única votada en referendo). Y la norma que, como en todos los países del planeta, obliga a que el retrato del jefe del Estado presida ciertas estancias oficiales fue aprobada en 1986 por un Gobierno (el de Felipe González) salido del voto popular.
Pero todo eso, a Colau le importa un pito. Ella va a lo suyo y cumple la ley si le conviene. Pero si su republicanismo le impide celebrar plenos en una estancia presidida por un rey lo tiene fácil: renunciar al cargo, y a todos sus privilegios, e irse a casa. Pero no lo hará. ¡Tiene buena gana!