Parecen lejanos los tiempos del cheque escolar. El embajador ante la Unesco Wert lo implantó, inconstitucionalmente, en la educación catalana. El Consejo de Ministros, urgido por actualidades que le eran desfavorables, entró en el jardín proceloso de la lengua. Le siguió la casilla de la ministra catalana: «Lo único que estamos haciendo es retornar el derecho y la libertad de un padre a poner una crucecita en una solicitud de matriculación sobre en qué lengua quieren educar a sus hijos». Luego vinieron las fintas desde el partido escudándose en la imposible capacidad de sus cuatro diputados en el Parlamento catalán, aún inactivo, para salvar la cara a la ministra y su casilla inviable.
Una sentencia inoportuna del Constitucional desarboló el intento del PP de derivar el marco informativo, tan ingrato para ellos, hacia ese campo del otro patriotismo que cree propicio, y en el que teme verse rebasado por Ciudadanos.
Pero esto de las lenguas forma parte de las personas. Por eso yo agradecería que si se hace un problema de una lengua, o de la salud, o de la educación, o de la urbanidad, nos detuviéramos en las personas. Y, en el caso de las lenguas, empezáramos las «políticas lingüísticas» por la «lingüística política», como la define el profesor David Laitin, de Stanford, en el prólogo de un libro fascinante, El palo y la zanahoria, de Josu Mezo, que aborda la anomalía entre la débil recuperación del irlandés, obligatorio en la enseñanza, frente al renacimiento del euskera, con tres sistemas lingüísticos de libre elección.
Por lo que respecta a Cataluña, y más allá de experiencias profesionales y familiares, los datos (http: //evoluceo.ceo.gencat.cat/) en octubre pasado decían que el 43 % de los catalanes considera el catalán su lengua propia, por el 45 % que consideran el castellano, un 10 % ambas y un 1,5 % otras lenguas. Otro estudio del 2010 indicaba que: entiende, habla, lee y escribe el castellano más del 95 % de la población catalana, mientras que habla catalán el 78 %, lo entiende el 95, lo lee el 82 y lo escribe el 62 %. Comprendo que el sistema de enseñanza tenga mucho por resolver, pero la nota media de castellano en selectividad (las medias no me subyugan) en Aragón, es 6,42 y en Cataluña 6,41 y en Galicia 6,34, por más que tales diferencias quizá no sean significativas. En capacidad de comunicación en castellano, Galicia está por debajo de la media de España y Cataluña dos puntos por arriba, según el Ministerio de Educación.
Insisto, empecemos por las personas y la lingüística política o la sociolingüística para tener éxito en la política de enseñanza. Salvo que prefieran a ese árbitro del país vasco, que amenaza con expulsar jugadores si hablan entre ellos en euskera.