Durante muchos años, en Galicia se ha venido presenciando un panorama municipal claramente dual. Dos modelos diferenciados en razón de factores sociales, económicos, culturales y territoriales: un modelo urbano y un modelo rural, en el que, con signos evidentes, ha prevalecido el urbano: crecen los tamaños de las ciudades y la difusión de modelos periurbanos de transformación de suelo en los bordes externos de las mismas. Hemos visto, y sufrido, una ocupación y consumo del suelo sin el debido control y estándares de calidad de vida impropios durante largos años. Un urbanismo hacia fuera que nunca compartí y que le dio cobertura una regulación liberalizadora del marcado del suelo que fracasó como no podía ser de otra manera. Entonces comenzó la crisis económica de los años 2017-2018. Europa nos daba avisos, recuerden el Informe Magret Auken, 2009. Era todo bastante obvio. La realidad social gallega es similar a muchas aldeas de Europa y a la aldea global. Aquí, los núcleos de población rurales son de alrededor del cincuenta por cien de toda España, con un alto porcentaje de población rural.
El espacio y la sociedad rural en Galicia y en España han ido perdiendo su protagonismo tradicional y han vivido una etapa de claro retroceso demográfico y funcional, solo compensada por los efectos de la vinculación entre el campo y la ciudad. Esto es, la dinamización del campo al asumir nuevas realidades y actividades en su medio. Es el turismo, las actividades recreativas y de ocio o las segundas residencia. Claro que la revitalización del medio rural es necesaria, pero también tranquilizar el urbanismo de expansión. El derecho a la ciudad (Carta Mundial del Derecho a la Ciudad), el desafío de la «ciudad» (uno de los 17 objetivos de la agenda mundial del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, objetivo 11) o la preocupación por la ciudad y por la persona es fundamental, para que en el entorno urbano se puedan realizar sus derechos sociales o los que son debidos por razón de la justicia en un Estado social y democrático de Derecho. No importa que estén positivizados o regulados en concretos artículos de una concreta ley para que sean de aplicación. De ahí, la necesidad, y mi preocupación prioritaria en el conocimiento de Buena Gobernanza urbana y en un urbanismo de conservación o de regeneración de tejidos urbanos ya consolidados. El medio rural exige responsabilidad y Buena Administración, aunque depende de otros factores distintos al técnico-legal del acervo urbano que ayudan a enmarcarlo en un contexto de solidaridad social.
Se trata de vincular las técnicas y categorías urbanas a los derechos sociales y a los derechos fundamentales. Se trata de plantear el estudio de la ciudad como un derecho de la persona no como un negocio. Es menester responsabilidad pública y corresponsabilidad social por parte de todos los agentes que podemos dar forma a este nuevo derecho, un derecho fundamental porque hace a la dignidad humana vivir y habitar en espacios urbanos en los que cada persona se pueda realizar en libertad solidaria.