¿Es razonable la huelga en la Justicia?


El judicial es un poder del Estado, pero quienes lo sirven, desde la judicatura o las labores auxiliares, son empleados de un servicio público esencial en cualquier Estado de derecho.

Por eso una huelga en la Administración de Justicia debería plantearse siempre, incluso si los huelguistas tuvieran toda la razón, con la responsabilidad que exige el hecho de que el paro producirá graves perjuicios a quienes nada pueden hacer para que el conflicto se resuelva. En el que ahora vivimos en Galicia se ve con claridad: los paganos de la huelga van desde la pareja que no puede casarse hasta el juicio que se retrasa aun más de lo que ya es habitual, pasando por el daño que se causa a quien necesita de las certificaciones que expiden los juzgados.

En todo caso, y más allá de la constatación de los injustos quebrantos que la huelga está provocando a miles de personas, la pregunta es evidente: ¿Asiste la razón a los huelguistas?

Para responderla debe partirse de un hecho conocido: que la crisis supuso una gran perdida de poder adquisitivo a los trabajadores españoles. Los del sector público vieron no solo congelados sino incluso reducidos sus salarios por las durísimas medidas de ajuste que la formidable caída de los ingresos fiscales provocó. Por tanto parece razonable que, a medida que la crisis se supere, los trabajadores vayan, ya no recuperando lo perdido, lo que hoy parece poco realista, sino mejorando lo suficiente para no seguir perdiendo poder adquisitivo.

En el caso de los trabajadores de la Administración de Justicia se da, además, una circunstancia peculiar: que una parte de su salario es un complemento autonómico, lo que, como en otros casos similares, ha generado agravios entre lo que se cobra en unos y otros territorios.

Por eso, si es atendible la reivindicación de los trabajadores de la Administración de Justicia en Galicia exigiendo un mejora salarial que tienda a corregir las diferencias ahora existentes, parece una auténtica insensatez que se pretenda que eso se haga con un porcentaje de subida de entre el 12 y el 16%, lo que generaría dos problemas evidentes: su grave impacto en las cuentas públicas gallegas y el agravio comparativo que una subida de tal envergadura supondría para otros trabajadores dependientes de la autonomía.

La oferta de la Xunta, que supondría colocar a los empleados de Justicia en Galicia por encima de la media nacional, es más que razonable. Y no lo es en absoluto el argumento de que ese cálculo oficial es engañoso, pues debería hacerse solo con las comunidades que tienen la competencia transferida. ¿Por qué razón? De hecho, puestos a depurar la media, ¿por qué no quitar al País Vasco, donde el salto salarial sobre la segunda comunidad autónoma es mayor que el existente entre ésta y la última de las 17? Si se trata de buscar una solución, el acuerdo será fácil. Si se trata de otra cosa… es otra cosa.

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