Recientemente tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un hecho inusual promovido por la Fundación Alternativas: La presentación de un sólido Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España elaborado por buenos investigadores comprometidos desde hace muchos años en el análisis y la gestión de la ciencia en España. En tiempos de desaliento se agradece la determinación y el esfuerzo. El informe caracteriza las siete plagas de la política científica española: Ausencia de instituciones, indiferencia de los poderes económicos, aleatoriedad política, inestabilidad presupuestaria, burocracia que habitualmente desconoce la ciencia que ha de gestionar, carencia de estrategias, e individualismo como forma de supervivencia. Desgrana a su vez la historia, los efectos, la crítica (también autocrítica) al mundo científico, y se atreve con reflexiones y posibles soluciones.
En España existe una carencia de objetivos científicos propios que sean útiles para las necesidades económicas y sociales. También una gran descoordinación entre los elementos del sistema científico, y toda una serie de obstáculos a la actividad científica, promovidos por el propio sistema organizativo y de gestión de la ciencia. De ahí la proliferación de nuevas fórmulas para la financiación y gestión de la I+D. Es el caso del CNIO (cáncer) y el CNIC (cardiovascular), luego de los ICREA catalanes y de sus equivalentes en el País Vasco, los Ikerbasque. Al cabo, estructuras divergentes de las administrativas, mayoritarias en las Administraciones, para gestionar la ciencia que resultan más eficaces porque están pensadas para tal objetivo.
La financiación del sistema es y ha sido sobre todo pública y no cabe esperar que la iniciativa privada se implique más mientras no se solucionen los cuellos de botella actuales. Así, la disminución del gasto global en I+D observada en los últimos años, del 1,40% en 2009 hasta el 1,22 % del PIB en el 2015, se ha debido principalmente a la reducción del gasto público. Incidiendo sobre todo en las grandes inversiones en nuevos centros de investigación, pero también en la pérdida de unos 27.000 puestos de trabajo, sobre todo de jóvenes, formados o en formación. Por más que en España nunca ha sido novedad no ejecutar siquiera lo presupuestado, claro indicador de que la estructura de gestión y ejecución del gasto en I+D es impropia.
Uno desearía que este Informe tuviera el mismo carácter impulsor que en su momento alcanzaron trabajos semejantes como el monográfico de Cuadernos para el Dialogo de 1971, o la Alternativa a la investigación del PCE de 1977, o en el 2006 el libro Radiografía de la Investigación en España. O que fuera útil para que el Parlamento pueda iniciar una profunda discusión política sobre la ciencia y la tecnología, a la espera de que se doten de una organización de expertos que les ayude a decidir en asuntos complejos, como la ciencia y la tecnología, más allá de grupos de presión y simplificaciones.