Secesión: ¿desafío en la tercera fase?


Seguir llamándole problema catalán a lo que viene sucediendo en Cataluña desde hace varios meses es una forma como otra cualquiera de vaciar de significado las palabras, introduciendo en el debate político mucha más confusión que claridad. Desde la transición hasta que los nacionalistas decidieron finalmente echarse al monte, llamábamos problema catalán al derivado de la existencia en una parte del territorio nacional de una pluralidad de formas de entender las relaciones que aquella debería mantener con el conjunto del Estado. Esa fue la razón por la que la Constitución contempló la posibilidad de descentralizar España. Y la razón por la que Cataluña acabó teniendo una autonomía equivalente, cuando no muy superior, a la de muchas regiones federales.

En su primera fase, el problema catalán era uno más de los varios del país que, como otros, ganaba o perdía protagonismo dependiendo del momento. Pocos sospechaban entonces -por más que algunos lo avisaron de forma reiterada- que tras aquel tira y afloja entre los nacionalistas -que jamás se mostraban satisfechos- y las instituciones del Estado -que toreaban como podían la permanente reivindicación de «más de todo»- se estaba atizando el fuego de un incendio que iba a declararse con inusitada virulencia. A eso los nacionalistas le llamaban «fer país». ¡Y vaya si lo hicieron!

Tanto avanzaron que, cuando el nacionalismo consideró llegada la hora de sacar el hacha de guerra secesionista, habían conseguido tener una base social de cientos de miles de personas dispuestas no solo a exigir la independencia, sino también a apoyar a quienes habían decidido violar todas las leyes que se les pusieran por delante para conseguir sus objetivos. En esa segunda fase, el problema catalán pasa a ser, por tanto, algo muy distinto: un esperpento, un espectáculo grotesco protagonizado por unos facinerosos dispuestos a patear la democracia, hundir a Cataluña, destrozar la convivencia y retorcer el derecho hasta convertirlo en un adefesio extravagante.

La suspensión del pleno del Parlamento catalán debería indicar que entramos en una tercera fase del desafío nacionalista, marcada ahora por la evidencia de que en el Estado de derecho no se puede violar la ley impunemente. Roger Torrent sabía que, de haber seguido la estrategia diseñada en su propio beneficio por el delirante Puigdemont, hubiera acabado como su predecesora: imputado penalmente. Y sabía también, como otros muchos diputados independentistas, que con un presidente elegido ilegalmente la vigencia del 155 se habría mantenido.

Por el bien de Cataluña y el de España en su conjunto, confiemos en que el secesionismo (¡más vale tarde que nunca!) aprenda la lección: que las leyes están para cumplirse y que no hay Estado democrático en el mundo dispuesto a tolerar la chulesca provocación sin fin de quienes creen que ellos tienen patente de corso para delinquir por el simple procedimiento de proclamarse patriotas.

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