Entre tanta incertidumbre, una certeza: a no ser que esté durmiendo en prisión, cuando acabe el día de hoy Puigdemont no será presidente de la Generalitat. Hoy podría ser, de hecho, el principio del fin de una pesadilla que solo ha servido para hundir la reputación internacional de Cataluña, empobrecer a sus ciudadanos, fracturar como nunca a su sociedad y debilitar también la recuperación económica de España. El independentismo tiene hoy en su mano escoger entre seguir siendo esclavo del interés personal de Puigdemont o admitir que la escapada ha llegado a su fin y ahora toca abrir una nueva etapa que restituya la normalidad en Cataluña.
Salvo sorpresa mayúscula, impropia de alguien que ha hecho de la cobardía y el ventajismo una marca de la casa, Puigdemont no elegirá la vía de aceptar las reglas de juego democráticas e intentará mantener sometidos a su capricho al Parlamento catalán, a su partido y a ERC.
Pero todo el mundo sabe que los propios independentistas, y especialmente los de ERC, están hartos de este circo y desean quitarse de encima a un personaje grotesco y pasado de vueltas que solo ha conseguido ridiculizar su causa ante los ojos del mundo. Desde el pasado sábado lo tienen más fácil, porque la posibilidad de que Puigdemont sea investido hoy como presidente legítimo de Cataluña sin pasar previamente por la cárcel ha dejado de existir. Más allá de los debates técnicos y las dudas jurídicas que pudieran plantearse, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lo que en su día se propuso Adolfo Suárez: «Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». En efecto, en la calle todo el mundo sabía que nombrar presidente de la Generalitat a un prófugo de la Justicia que pretende gobernar por WhatsApp no era algo normal, sino una aberración democrática que habría supuesto que un prófugo pusiera de rodillas al Estado de derecho. Y el Constitucional ha pinchado esa pompa con una facilidad que, vista a posteriori, resulta pasmosa. A Puigdemont no se le ha privado de un solo derecho. Y si hoy mismo compareciera ante el juez, aún tendría posibilidades de ser investido, aunque no dejaría de ser una irresponsabilidad absoluta por su parte y por la de quienes lo apoyaran.
De modo que si Puigdemont confirma hoy que detrás de tanta provocación solo se esconde un cagueta, a los independentistas les caben tres posibilidades. Desobedecer al Constitucional y forzar una ilegal investidura telemática, lo que además de inútil tendría graves consecuencias penales; forzar unas nuevas elecciones y seguir siendo así rehenes de un saltimbanqui que demuestra que le importa un pimiento la prosperidad de los catalanes, o rectificar y proponer a un candidato viable a la presidencia de la Generalitat.
Pero, si optan por alguna de las dos primeras opciones, tendrán que explicar a los catalanes por qué prefieren convertirlos en rehenes de un presunto delincuente y prolongar la aplicación del 155 antes que darles un Gobierno legítimo que tienen en su mano.