el desafío secesionista es ya un problema internacional del Estado español. Ha tenido que reconocerlo el Rey en su primera participación en el Foro Económico Mundial de Davos, si bien advirtió que la lección que se deriva del intento producido en Cataluña es valedera para cualquier democracia. La internacionalización del problema fue buscada de un modo tenaz y taimado por los promotores del procés con resultados ínfimos, a pesar del soporte de una estructura especializada, y en la misma línea ha estado actuando el expresident Puigdemont desde su fuga a Bruselas. La frustración del esfuerzo secesionista quedó, sin embargo, paliada por las imágenes del falso referendo del 1-0 reproducidas por televisión en todo el mundo. Con ese antecedente, se comprende que el Gobierno trate de impedir la investidura de Puigdemont. En ese sentido se pretende que sea materialmente imposible, para lo que se revisarán los coches que atraviesen las fronteras, no vaya a ser que el prófugo viniere escondido en un maletero, y se rastrearán subsuelos, según una innecesaria declaración del Ministro del Interior que desacredita al Estado. El último paso, de mayor calado, ha sido la interposición de un recurso ante el Tribunal constitucional contra la propuesta de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, separándose del informe del Consejo de Estado. Todo lo ocurrido ha producido perplejidad en los ciudadanos. Cómo es posible que quienes se han saltado a la torera la Constitución puedan ser elegidos para un parlamento, incluso cuando están en prisión preventiva o sean fugitivos de la Justicia. A mayor abundamiento cómo puede ser propuesto Puigdemont candidato a la Presidencia de la Generalitat.
Esa reflexión social, alimentada con la imputación de importantes delitos, choca con la legitimidad invocada por la mayoría parlamentaria secesionista y con la situación jurídica de quienes no han sido todavía condenados.
Desde un punto de vista formal la propuesta realizada por el presidente del Parlament, después de recabar el parecer de los representantes de los partidos políticos, es correcta; diferente es su viaje a Bruselas para comunicárselo a Puigdemont. Desde el mismo punto de vista, como ha opinado con razón el Consejo de Estado, no existe base para la interposición del recurso.
Si el Gobierno ha discrepado es porque la admisión suspende la propuesta del candidato; una iniciativa arriesgada pero de eficacia inmediata.
Al Parlament le quedarían varias soluciones que conducirían a que exista un candidato investido o rechazado, y en este caso habría que convocar nuevas elecciones, o que no haya nueva propuesta creándose una situación anómala.
La decisión del Tribunal no ha aceptado la pretensión fundamental del recurso; se limita a suspender el pleno ya convocado si se realiza sin la presencia física del candidato.
Algo se ha avanzado, con erosión de las instituciones y el reproche de haber llegado a esta situación.