En julio pasado, la Comisión Europea mostró su preocupación por la «escasa ejecución» del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) en España, pero también en el conjunto de la UE, donde solo se ha gastado el 1,5 % de su dotación. España tiene proyectos aprobados que solo equivalen a un 3 % del fondo asignado, e incluso estos no se han ejecutado. El FEMP tiene una dotación de 1.558 millones de euros entre el 2016 y el 2023. Esta baja ejecución puede ser esgrimida para la supresión o reducción del fondo en el nuevo presupuesto plurianual de la Comisión, ya en dificultades por la pérdida de 12.000 millones de euros en los ingresos por el efecto brexit. Brexit que incidirá además por la previsible alteración en los derechos de acceso de la flota a las aguas británicas y de la industria transformadora a esos mercados del Reino Unido.
El Comité Europeo de las Regiones, consciente de esos problemas, decidió la elaboración del informe FEMP post 2020: Invirtiendo en las comunidades costeras europeas, bajo el liderazgo de Galicia, trabajos que culminarán en marzo, para ser defendido en mayo por el presidente de la Xunta de Galicia ante el Comité Europeo de las Regiones.
Obviamente, dada la importancia del mar en la economía gallega, las propuestas de la Xunta mantienen la necesidad de ese fondo específico para el mar, coordinado con otros fondos estructurales, que incluya al sector pesquero, a su cadena de transformación y al sector de la acuicultura. Si bien haciendo énfasis en que sea más simplificado en su tramitación y gestión, «adaptado á realidade e ás necesidades dos sectores do mar».
Objetivos como el relevo generacional, la adecuación del esfuerzo pesquero a los recursos disponibles, el apoyo en la mejora de la organización y el refuerzo del espíritu de colectividad de los bienes comunes para mejorar su gestión y explotación o la competitividad del sector transformador y la diversificación económica de zonas costeras rurales son formal y conceptualmente adecuados.
Sin embargo, tales aportaciones carecen de un análisis singularizado de las dificultades en la ejecución de ese fondo, donde Galicia aprovecha muy poco a pesar de la necesidad, derivadas de la singularidad organizativa y empresarial del mar gallego, más allá de la compleja tramitación o de los oscuros criterios de elegibilidad de las actuaciones del fondo. Ello contrasta con el detallado énfasis puesto en que las grandes empresas puedan tener acceso a esas ayudas, algo que acotado puede ser razonable. No así con el argumento esgrimido por las autoridades de que son estas las que impulsan la innovación. Argumento que ha informado en demasía las políticas de innovación del Gobierno gallego, y que merecería de sus responsables una reflexión. No solo de los resultados alcanzados, sino sobre la complejidad de la industria y la economía del mar de Galicia. Al hilo, un decir, de algunas reflexiones de Mariana Mazzucato en El estado emprendedor.