A Carles Puigdemont le queda apenas una semana de gloria. Su esperpéntico viaje a Dinamarca, sus dicterios contra la Unión Europea y su empeño en sostener que España sigue gobernada por Francisco Franco son solo la pataleta final de quien se sabe ya perdido. Un desesperado intento de prolongar el enredo judicial que lleva tiempo protagonizando. No va a ser presidente de la Generalitat. Su única oportunidad de conseguirlo sería volver a España, lo que implica ir a la cárcel. Y ha dado ya sobradas muestras de cobardía como para saber que no regresará. De modo que, aunque ha sido propuesto formalmente como candidato, a partir del 31 de enero, fecha tope para una investidura que no se consumará -o que será anulada si es telemática-, el independentismo no tiene más remedio que entrar en razón y proponer un aspirante viable. Conviene por tanto no ponerse nerviosos y no caer en las provocaciones de quien es ya un cadáver político.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ayer rechazó reactivar la euroorden de detención, está demostrando bastante más flema y cintura que la Fiscalía, dejando a Puigdemont sin fichas para continuar la partida y esperando a que se cueza en su propia salsa. Game over. Pero que el expresidente catalán esté finiquitado no resuelve el problema, ni implica que haya que aceptar a cualquier precio lo que venga después. Ante la tesitura de tener que tratar con interlocutores tan estrafalarios como Puigdemont, el riesgo que corre el Estado de derecho es empezar a considerar políticamente aceptable el discurso de personajes como Roger Torrent, nuevo presidente del Parlamento catalán. Es verdad que al lado de la intervención cavernícola y parafascista de Ernest Maragall como presidente de la Mesa de Edad -«este país será siempre nuestro»-, el discurso de Torrent a algunos pudo sonarles hasta conciliador. Pero conviene saber que hablamos de un fanático que hace solo unos meses aseguraba a los suyos que en Cataluña iban a «llover hostias», exigía a quienes no estuvieran dispuestos a consumar el golpe que «se aparten y dejen hacer» y hasta pedía a los independentistas que «vigilen a los de al lado» para delatar a los catalanes no comprometidos con la causa.
Todo el mundo tiene derecho a reciclarse tras un pasado indigno. Pero Torrent empieza mal sus clases de primero de democracia pidiendo entrevistarse con Mariano Rajoy para abordar la situación judicial de Puigdemont. Que el presidente de un Parlamento autonómico sea incapaz de comprender lo que es la separación de poderes resulta inquietante y obliga a no bajar la guardia. Han sido la Justicia y la firmeza del Estado de derecho las que han abortado el golpe y han convertido a Puigdemont en un patético juguete roto. Y esa vía, la de la estricta aplicación de la legalidad vigente y el mantenimiento del orden constitucional en Cataluña, es la que hay que mantener hasta que el independentismo demuestre con palabras y hechos que ha rectificado y vuelve a la senda democrática. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana.