Se le atribuye a Séneca una reflexión que comparto, «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Uno de los principales indicadores de la salud democrática de un país es el tiempo que transcurre desde que un ciudadano acude a la justicia para la defensa y protección de sus derechos hasta que obtiene una respuesta judicial.
La situación de la administración de justicia en nuestro país es muy preocupante. En los juzgados españoles hay más de dos millones y medio de casos sin resolver, y lo peor es que no existe una estructura orgánica suficiente para resolverlos en un plazo razonable. Estamos a la cola de Europa en materia de justicia, sea cual sea el indicador que queramos utilizar.
Hablemos de cifras. Nuestro país se encuentra a la cola en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes (12,2), muy por debajo de la media de la UE (18) y muy lejos de países como Alemania, Grecia, Luxemburgo o bien nuestro vecino Portugal. Lo mismo sucede con la plantilla de fiscales, España se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea (5,2 frente al 10,4 de media). En cuanto a la plantilla de funcionarios judiciales también somos el vagón de cola de Europa, con una media de 104,6 funcionarios por cada 100.000 habitantes.
El Informe del Servicio de Inspección del CGPJ dibuja un mapa no menos preocupante: el 30 % de los Juzgados superan el 100 % de la carga de trabajo; más de un 43 % de órganos judiciales tienen una carga superior al 150 %.
Esta situación, tristemente, no mejora en Galicia. Ocupamos el puesto 12 de las 17 comunidades autónomas en cuanto a plantilla de personal funcionario que, además, está mal retribuido, con importantes brechas salariales y con situaciones de precariedad injustificables. La propia memoria anual del TSXG hace una fotografía fija de la situación en nuestra comunidad. Se reitera cada año la imperiosa necesidad de creación de nuevos órganos judiciales; se advierte sobre la demora en la sustitución de bajas laborales de funcionarios; se pone de manifiesto la carencia de presupuesto para jueces sustitutos... Esta es la verdadera radiografía de un servicio público esencial para nuestros derechos.
Hablemos de personas. Por cada céntimo que se invierte en justicia, al igual que en sanidad o en educación, estamos invirtiendo en el bienestar de los ciudadanos. Por cada céntimo adicional que invirtamos en más recursos y medios en justicia, estaremos protegiendo mejor a las víctimas de violencia de género, acompañando más y mejor en su soledad a las personas desahuciadas, luchando más eficazmente contra la corrupción. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de que los políticos se sienten en una mesa para hacer política para las personas. La hora de un Pacto de Estado por la Justicia. El Gobierno tiene la enorme responsabilidad de acometer una profunda reestructuración de la Administración de Justicia, que es la gran reforma pendiente de nuestra democracia.
Hablamos de sentar a todos los operadores jurídicos y alcanzar un gran consenso que permita que tengamos un sistema judicial moderno, eficaz, ágil y, sobre todo, pensado para los ciudadanos.
Pongámonos a ello. Los ciudadanos lo demandan y la justicia debe recuperar la credibilidad como tercer poder independiente del Estado, con los medios y los recursos suficientes, que nunca debió perder.