Últimamente no ganamos para disgustos. Cada vez que uno abre un periódico, ve un informativo o entra en las redes sociales se tropieza con un golpe de estado. Por lo visto, hay un golpe cada cinco minutos y, por lo tanto, hay golpes de estado a todas horas. No hay más que ver lo que dicen Puchi y los miembros de su comparsa Marta Rovira, Joan Tardá y Gabriel Rufián para saber que ayer se perpetró otro golpe, este en el Museo de Lérida, cuando se trasladaron algunas piezas que allí se guardaban.
Pero dejando a un lado lo de los golpes de estado, que son propios de un estado franquista y fascista como el nuestro, y dejando en la misma orilla a las plañideras, hay que reconocer que no les falta razón a los ciudadanos de Lérida que ayer se pusieron como búfalos cuando vieron salir hacia Sijena las 44 obras que guardaban en su museo y que forman parte de una partida de 97 bienes. No les falta razón porque después de que la Generalitat las adquiriese el 21 de abril de 1983 por el módico precio de apenas diez millones de pesetas, formaban ya parte de su patrimonio desde 1999.
Cierto es que Cataluña tiene un don especial para originar conflictos a cuenta de archivos y obras de arte que, casualmente, siempre le corresponden en propiedad. Además de originarlos por otros asuntos que no es preciso mencionar. Pero en esta ocasión, si se analizan fríamente los hechos, parece que la razón les asiste, aunque sea en parte, y que, además, no se han guardado las formas como fuese de desear al utilizarse una situación excepcional, originada por la aplicación del desdichado artículo 155, que le concede al Méndez de Vigo la responsabilidad de la cuita catalana, para salir escopeteados hacia la pequeña localidad oscense.
Las piezas que regresan ahora a su emplazamiento original en Sijena fueron vendidas, mejor dicho, fueron malvendidas, por monjas de la congregación San Juan de Jerusalén de esta localidad por 10 millones de pesetas. Según parece con todas las bendiciones, nunca mejor dicho, incluidas la del Vaticano y la del obispo de Lérida y con fondos de la Generalitat. Pero hace ya dos décadas que se han roto las hostilidades, sin capacidad alguna de negociación y menos de alcanzar un acuerdo.
Lo que se ha producido ayer es un traslado cautelar, porque todavía quedan instancias judiciales que han de resolver el conflicto. Y si no es definitivo y teniendo en cuenta la sensibilidad extrema con la que vive la mayoría de los catalanes cualquier decisión que les llegue de más allá de Camprodón y Alfarrás, conviene preguntarse si este es el momento idóneo para arramblar con los fondos museísticos. O si hubiese sido más procedente aguardar a una decisión judicial definitiva. No porque suponga un golpe de estado, uno más, a decir del fugitivo líder carismático, sino porque demuestra escasa sensibilidad en unos momentos en los que lo mejor que se puede hacer es no agitar las aguas más de lo que ya lo están. Que es lo que harían los inteligentes y prudentes.