Los presidentes de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias, convocados por La Voz de Galicia en los primeros Encuentros del Eo, trazaron ayer la clave de bóveda para un sistema de financiación autonómico equitativo. Cada uno de ellos aportó la mitad de la tesis. Núñez Feijoo sostiene que el nuevo modelo debe pensarse como un reparto entre ciudadanos, no como un reparto entre comunidades. Incontestable: son los ciudadanos -y no los territorios- los que pagan impuestos y son los ciudadanos -y no los territorios- los que reciben asistencia sanitaria, educación o servicios sociales. Javier Fernández defendió que los servicios públicos universales sean similares y de alta calidad para todos los españoles. Irrebatible: los vecinos de Cabrales o de O Incio tienen derecho constitucional a la misma sanidad o a la misma educación públicas que los residentes en Las Ramblas o en Chamberí.
Si esa filosofía es difícilmente cuestionable, ¿por qué resulta tan complicado y conflictivo alumbrar un nuevo modelo de financiación? Sencillamente porque todo intento de reforma tropieza en tres piedras: cálculo de costes, statu quo y peso político.
El primer problema, por su carácter técnico, no debería ser objeto de controversia. Se trata de dilucidar cuánto cuesta prestar idéntico servicio en cada una de las comunidades autónomas. Está claro, por ejemplo, que la asistencia sanitaria se encarece en comunidades como Galicia o Asturias por el envejecimiento y la dispersión demográfica. Los costes son mayores que en comunidades con menos jubilados y población más concentrada.
El segundo escollo semeja insuperable. Asumiendo el principio de la nivelación de servicios, Antoni Zabalza, cocinero antes que fraile -fue secretario de Estado de Hacienda-, hizo números. Constató que, entre las quince comunidades de régimen común, Cantabria es la que recibe más recursos por «unidad de necesidad» -habitante ponderado por sus costes específicos- y Andalucía la que menos. La diferencia entre una y otra alcanza el 34 %. Con la igualación de servicios, nueve comunidades perderían financiación y seis ganarían recursos. Las grandes perdedoras serían Cantabria, La Rioja, Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León. Las grandes beneficiadas, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Galicia mejoraría ligeramente y Asturias empeoraría. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? ¿Quién se atreve a decirle a los catalanes que están sobrefinanciados, o a los asturianos que están mejor que los madrileños? La única posibilidad de romper el statu quo estribaría en que la Administración central pusiera más dinero sobre la mesa, mucho dinero, suficiente para que ninguna perdiese y todas ganasen, aunque unas más que otras. Pero no parece que los Reyes Magos lleguen con las alforjas tan llenas.
Así pues, le auguro escaso recorrido a la reforma en marcha. O será abortada o será alumbrada con el único fórceps de los criterios políticos. La filosofía de la nivelación de los servicios quedará arrumbada en el desván hasta ocasión más propicia.