La legitimidad en campaña

Xavier Arbós DESDE CATALUÑA

OPINIÓN

11 dic 2017 . Actualizado a las 08:57 h.

A estas alturas, todos sabemos que las elecciones catalanas del próximo día 21 son excepcionales. Lo que más llama la atención es que hay candidatos que se encuentran en la cárcel, mantenidos en prisión provisional por una decisión judicial que me parece errónea por su rigor excesivo. Pero lo chocante de esa circunstancia no impide percibir las corrientes subterráneas que impulsan los argumentarios. Salvando los matices, las crónicas dibujan dos bloques, que no son fáciles de etiquetar. El adjetivo que se elija puede desvelar las inclinaciones de quien lo emplee, y cuesta encontrar palabras que no produzcan alguna incomodidad entre los que con ellas son ubicados en uno u otro campo. Las que me parecen más descriptivas son las que distinguen entre «constitucionalistas» e «independentistas». Lo que separa a unos y a otros es la línea divisoria entre legalidad y legitimidad que lleva trazándose en Cataluña desde hace años. A los «constitucionalistas», algunos del campo opuesto les llaman «los del 155». Este artículo representa para ellos la suspensión de la autonomía, y se entiende que esa es una de las caras menos amables de la Constitución. Y los independentistas también han recibido epítetos desagradables: han visto como les trataban de «golpistas» por haber intentado la secesión unilateral. Cualesquiera que sean los reproches, lo cierto es que suben la tensión emocional, y los argumentos racionales llegan con dificultad. Parece inevitable en una campaña electoral como esta, pero a partir del día 22 habrá que intentar reconstruir la cohesión deteriorada. Y hay que hacerlo considerando el conflicto entre legalidad y legitimidad como un dato disfuncional. La tentación que tenemos los que somos profesionalmente constitucionalistas, y además nos situamos en el campo así denominado en la terminología electoral, es considerar ese conflicto como una patología social. Al fin y al cabo, nos decimos, la nuestra es una democracia en la que las reglas de juego no excluyen ninguna idea, de modo que las decisiones unilaterales que las ignoran son inadmisibles. Nos situamos en la legalidad, como si su invocación fuera suficiente para convencer a cualquiera. Y es evidente que no es así, al menos en Cataluña. Una parte de la ciudadanía niega la legitimidad del orden constitucional, y, proclamando otra legitimidad superior derivada de su idea de democracia, justifica la secesión unilateral. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, esa percepción no va a cambiar. Para que se modifique, hay que restaurar la legitimidad del orden constitucional. Eso se hace demostrando que es un orden abierto, plural y susceptible de renovarse. A la legalidad le conviene ampliar el consenso, y eso no se logra si no se busca con sinceridad allí donde empieza a perderse. Karlo Basta, un joven profesor canadiense que conoce bien los problemas de los Balcanes y de Cataluña, propuso hace tiempo un aforismo que es útil como recordatorio: «La primera víctima de un conflicto no es la verdad; es la empatía».