A mucha gente le extraña que en un tiempo político caracterizado por el populismo y los partidos antisistema, y por el protagonismo de la clase política más mediocre de las últimas décadas, la propuesta más común y repetida sea hacer pactos de Estado para todo: para la educación, las pensiones y la sanidad; para combatir el machismo, los incendios y la desigualdad económica y de género; contra los desahucios, la pobreza, el cambio climático y el envejecimiento; y para -invocando el ¡hale hop! más falso de la historia- reformar la Constitución, en bloque o por capítulos.
La consecuencia de tanto pitorreo es una inflación del sentido de Estado que convierte en serrín el precioso metal de los pactos. Porque el hecho cierto es que a lo largo de los últimos 45 años solo hubo tres pactos de Estado verdaderos (los que sirvieron para aprobar la Constitución, los pactos de la Moncloa y el ingreso en la UE) y otros dos que, por sus notables disidencias, podríamos llamar «pactos de Estado light»: el que derrotó a ETA y el que, tras modificar el artículo 135 de la Constitución, permitió afrontar la crisis desde el rigor presupuestario. Todo lo demás, como conviene a cualquier democracia avanzada, lo hemos resuelto desde una normal discrepancia que, desde hace solo tres años, convirtió el Congreso en un patio de vecindad.
Conviene saber, sin embargo, que el recurso a los pactos de Estado, que afrontan los temas peliagudos mediante el aparcamiento de la diversidad estratégica, ideológica y axiológica que caracteriza la democracia, no es normal, sino excepcional, y que, cuando se acude diariamente a la retórica pactista, se pone de manifiesto la crisis de un sistema que, fragmentado y sin ideas, reduce la política a una lucha por el poder que solo se puede disimular mediante la utópica y burda invocación a los pactos de Estado.
Pero, si queremos llegar al fondo de este demagógico embuste, es necesario denunciar la flagrante contradicción en la que, al conjuro de los pactos, nos movemos en España. Porque resulta indignante que el único país de Eurasia que duda de su existencia y su identidad, que antepone las débiles identidades territoriales a la sustantividad del hecho español y que aspira a diluir nuestro espacio estratégico e histórico en un conglomerado de taifas y cantones llamado «nación de naciones» sea el que más barulla sobre los pactos de Estado, como si tales pactos pudiesen hacerse, y tuviesen sentido, mientras en esa insufrible torre de babel que es el Congreso de los Diputados se discute a diario si existe el Estado.
Para hacer frente a esta disparatada contradicción, los gurús de la nueva política quieren introducir un neologismo que convierte los pactos de Estado en «pactos de país». Y es ahí donde se encuentra la evidencia de que el único pacto de Estado que necesitamos es el que refunde el Estado mismo. Todo lo demás es como arar sobre el mar.