Los costes de la tensión política en Cataluña

Emilio J. González

OPINIÓN

19 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

¿En qué medida afecta la situación de Cataluña a la economía española? La clave de la respuesta a esta cuestión está en lo que suceda a partir de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre.

Hoy por hoy, y tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las consecuencias económicas de la situación catalana son escasas. En la región se han desplomado las reservas turísticas casi a cero, lo que ha provocado un frenazo del consumo, y se han congelado inversiones a la espera de ver cómo concluye todo este asunto. Como es lógico, todo ello tiene un impacto sobre el crecimiento económico, muy ligero para el conjunto de la economía española, pero mayor para el caso catalán. Sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido nada dramático: la prima de riesgo apenas se ha movido y, aunque el Ibex ha caído aproximadamente un 5 % desde el referendo del 1 de octubre, hay que decir que su comportamiento ha estado en consonancia con el de las principales bolsas europeas, que han registrado bajadas similares, aunque en el caso español han sido algo más acusadas debido a las tensiones en Cataluña.

La cuestión es qué va a suceder a partir del 21 de diciembre. Si el gobierno que surja ese día de las urnas apuesta por reconducir la situación a la normalidad, los problemas terminarán pronto. Si, por el contrario, los vencedores en la votación optan por continuar con la política de confrontación con España, las consecuencias entonces pueden ser mucho más graves, para España y, sobre todo, para la propia Cataluña.

Para el conjunto de la economía española, la continuidad en el tiempo de la situación catalana, o su agravamiento, supondría la pérdida de hasta el 60 % del crecimiento económico previsto para los dos próximos años, de acuerdo con las estimaciones que presenta el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera. De los dos escenarios que prevé, el más optimista supondría una pérdida de tres décimas de PIB entre 2018 y 2019, mientras que en el pesimista la debacle sería de hasta 2,5 puntos. Cataluña se llevaría la peor parte y podría entrar en recesión, señala también el documento. Además, el incremento de la tensión política en la región podría endurecer las condiciones de financiación de la economía española. Dicho de otro modo, subirían la prima de riesgo y los tipos de interés, con lo que se frenarían la inversión, el consumo y el proceso de creación de empleo. El déficit público, como es lógico, también se vería afectado de forma negativa.

Los golpes más duros, no obstante, serían para Cataluña. La que antes era una región emblemática de España, que atraía el interés mundial, hoy está proyectando una imagen extremadamente negativa de sí misma, lo que acarrea muy serias consecuencias económicas. Las reservas de alojamientos turísticos, recordemos, se han hundido en los últimos meses. Pero es que hoy está en juego también el papel de Cataluña, o, más en concreto, de Barcelona, como sede de instituciones y acontecimientos internacionales. Por ejemplo, la ciudad optaba, con muchas papeletas a su favor, a convertirse en la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, y a partir de las tensiones políticas en Cataluña, no solo Barcelona puede quedarse sin ella, sino que también puede perderla Málaga, la otra ciudad candidata, ya que Alemania ahora apuesta por Bonn o, en su defecto, por Milán.

Algo parecido sucede con el World Mobile Congress, la gran cita mundial de la telefonía móvil y la tecnología. Se trata de un evento que, en su última edición, generó 13.200 puestos de trabajo. La celebración de la siguiente edición, entre el 26 de febrero y el 1 de marzo del 2018, se mantiene en Barcelona, porque ya no hay tiempo de buscar otro emplazamiento. Pero la dirección de la GSMA, la entidad organizadora del congreso, amenaza con llevarse el evento a otro lugar si no se garantizan la seguridad y la estabilidad política. Su marcha constituiría un golpe muy grave para el prestigio internacional de Barcelona y de Cataluña.

Por último, está la cuestión de la salida de empresas de Cataluña. Desde el 1 de octubre, más de 2.000 empresas han cambiado su sede a otros lugares de España. Pero eso no es más que una aceleración drástica de un proceso de marcha de empresas de esta comunidad que se viene registrando desde mediados de la década pasada, cuando el Gobierno del tripartito catalán aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía. Lo que nos enseña la experiencia de Quebec (Canadá), con sus dos referendos de autonomía, es que, ante la amenaza independentista, las empresas que cambian de sede no suelen volver. Además, aunque las fábricas sigan en Cataluña, con el cambio de sedes se van también los empleos directivos y los relacionados con la creatividad, el diseño de nuevos productos, etcétera, que son los puestos de trabajo de calidad.

Emilio J. González es profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas Icai-Icade