Si tuviera que seleccionar una frase de la última etapa del sainete catalán, posiblemente sería esta, al menos desde el punto de vista judicial: «Esto es el Supremo, no la Audiencia Nacional». Aunque no hay grabaciones, se la dijo el magistrado Pablo Llarena a los letrados de los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña. A este cronista le resultó inquietante. Tiene un ingrediente (¿involuntario quizá?) de censura a una institución judicial y a una magistrada concreta. Produce la impresión de que en España existen dos justicias: la de la Audiencia, dura, y la del Supremo, comprensiva. Y deja, por tanto, la sospecha de que el Tribunal Supremo puede estar también más abierto al ambiente político. Lo podremos comprobar en pocas fechas cuando se unifiquen en el Supremo las causas que en ese momento están en los tribunales con resultado dispar: los interrogados por Lamela están en prisión incondicional; los parlamentarios interrogados por Llarena están en su casas. Efectivamente, el Supremo no es la Audiencia Nacional.
De momento, parece que Llarena y los presos siguen caminos paralelos: mientras el magistrado prepara el camino de la unificación de la causa, los detenidos se disponen a cambiar de estrategia de defensa; una estrategia de defensa encaminada estrictamente a lograr su libertad diciendo al juez lo que el juez quiere y necesita escuchar. Se aventura que seguirán la vía Forcadell de aceptación del artículo 155, acatamiento del ordenamiento y que incluso aceptarán no trabajar por la independencia. Vamos, que les preguntarán si alguna vez pretendieron crear una república catalana y responderán lo que dijo Puigdemont: que ellos siempre entendieron que había otras soluciones. Ante un juez que tiene las llaves de la cárcel, se confiesa lo que sea preciso, sobre todo después de saber cómo se vive en una celda.
Y ahora, juguemos a los vaticinios. El juez puede dar por buena esa estrategia o rechazarla por su intención. Y puede otorgar la libertad bajo fianza para que no se siga hablando de presos políticos.
Y si los encausados se aferran al independentismo deberán seguir presos, pero si aceptan la legalidad del Estado, se habrán terminado de cargar todo su proceso. Y escritas estas cábalas, me surge una terrible duda: Dios mío, no estoy hablando de delitos; estoy hablando de apaños políticos en la Justicia. ¿La Justicia al servicio de un fin político? No puede ser. Mejor dicho: lo puede ser, si se da una condición: que los encausados paguen su libertad con su renuncia a seguir en la secesión.
Esa sería la fianza que yo les impondría. Si es así, haremos la vista gorda.
Si no es así, denunciaremos que se abrió el portillo de un enjuague descomunal.
Les preguntarán si alguna vez pretendieron crear una república catalana y responderán lo que dijo Puigdemont: que ellos entendieron que había otras soluciones