Curiosas primeras veces se darán cita en las elecciones catalanas del 21 de diciembre cuando millones de electores podrán otorgar su voto a algunos candidatos incursos en causas penales, o a otros con alianzas preelectorales entre ideologías contrarias cuando lo habitual es que los pactos se hagan tras el paso por las urnas.
Cierto es que la situación que las provoca no tiene parangón, tras el grave conflicto desencadenado por una parte de Cataluña que quiso independizarse del mismo estado del que es sustancia principal, y sin haber sido colonizada previamente, ni haber sido ocupada por la fuerza, invadido su territorio o masacrada su población.
Como tampoco es habitual en otros lugares del mundo desarrollado que los más sonoros nombres propios de la política estén tan familiarizados con los juzgados -ora como testigos, ora como acusados- porque el olor a podrido se cuela desde las simas hasta las cimas de los partidos que han gobernado e, incluso, gobiernan en estos momentos.
La operación desarrollada por el independentismo catalán, carente de un plan de viabilidad básico como el que se le exige a la más modesta de las empresas para aspirar a una subvención, sumada a la corrupción rampante que debilita a velocidad del rayo los cimientos de un sistema fuerte, pero relativamente joven, forman un poderoso cóctel explosivo cuyos efectos se irán demostrando en tiempos que aún están por venir.
El don de la inoportunidad ha marcado esta operación que nadie sabe explicar por qué había de plantearse ahora ni cómo se puede salir -con bien- de sus nefastas consecuencias.
Han faltado altura y hondura de miras, y no solo por parte de los secesionistas. Siempre nos quedará el recurso de acudir a los clásicos, como Baltasar Gracián, cuando advertía que «errar es humano pero el mayor error es culpar a los otros».
Mucho tendremos que entrenar.