Para que el caso Puigdemont & Cía. le tocase a la juez Carmen Lamela tuvieron que producirse muchos acontecimientos y casualidades que ella no deseaba ni provocó. Y bastante suerte tuvo este país de maulas y escurridizos para que, visto el zurrón del fiscal, esta valiente señora solo tardase tres días en encerrar a nueve sospechosos de atentar contra la Constitución y el Estado mientras persigue, en Flandes, al héroe refugiado. Cualquier otra resolución, a estas alturas, hubiese sido una catástrofe, y hasta es posible que, con su discreción y profesionalidad, esta jueza pueda enmendar los desaguisados que nos han traído hasta aquí. Pero una cosa es la jueza y otra, muy distinta, la Justicia.
La Justicia es -para la gente- el conjunto de funcionarios, medios y normas, integrados en el Poder Judicial, y protegidos por un estatus de absoluta independencia, que tienen el enorme poder de investigar, juzgar, condenar, privar de libertad, embargar bienes y suspender derechos con la sola obligación de protegernos, aplicando la ley, de los que quieren atentar contra nuestros bienes, derechos y libertades. Dicho así, en perspectiva funcional, la Justicia incluye a la fiscalía y a la policía judicial, que completan este gravoso aparato pagado con nuestros impuestos.
Y ahora viene la queja. Si he de hacer caso a la juez Lamela, al Rey, al Gobierno, al fiscal general y a los medios de comunicación, en el nordeste de España hubo un grupo organizado que lleva más de dos años delinquiendo públicamente, creando graves daños a la economía y a la sociedad, desobedeciendo a los tribunales, elaborando leyes injustas y valiéndose del poder legítimo para atentar contra el Estado. Y todo sin que la Justicia moviese un dedo para protegernos. Nos dejaron solos a los ciudadanos y al Gobierno, que tuvo que tomar medidas de excepción de consecuencias todavía impredecibles. E incluso, en dos ocasiones, dos jueces de alto copete se dieron el gustazo de recordarnos que todo era política y que había que espabilar. El resultado fue que, lo que hace dos años era un manso riachuelo, que se podría encauzar con un procesamiento menor y una inhabilitación indultable, se convirtió en una balsa de lodos pestilentes que las crecidas de septiembre y octubre acabaron reventando y que, si Dios no lo remedia, se llevará por delante la misma vega deleitosa que antes regaba con aguas cristalinas. Y todo porque la Justicia, que debía aliviar la presión, no quiso hacerlo.
En este tiempo, la misma Justicia inhabilitó -siguiendo la costumbre cristiana- al pedáneo de Bembrive (Vigo) por negar sus dietas a dos concejales, mientras seguimos elucubrando sobre si los que están en la trena son galgos o podencos. Pero no son nada de eso. Solo son criminales largo tiempo consentidos que arrasan en tromba la paz y los derechos de todos los contribuyentes.