El 155 fuerza a Puigdemont a dar la cara


Entre los tópicos más tontos que hay que leer y escuchar estos días figura aquel que, desde las filas constitucionalistas, se empeña en decir que en lo que afecta a Cataluña el Gobierno lo hace todo mal, improvisa, llega siempre tarde y no sabe explicarse, comunicar ni buscar aliados, mientras que los independentistas todo lo hacen bien, son audaces, han impuesto su relato, disponen de un plan perfectamente diseñado, comunican mucho mejor y manejan las redes como nadie. Alguien debería explicarnos por qué si es así el Estado español tiene ahora mismo el respaldo de todos los gobernantes democráticos del mundo y a los independentistas solo les apoyan políticos siniestros y xenófobos como el británico Nigel Farage o el holandés Geert Wilders. Y también por qué ese proyecto independentista tan audazmente ejecutado y que lo tenía todo previsto se ha convertido en una chapuza impresentable en términos políticos y jurídicos de la que ni ellos mismos saben como salir.

El otro argumento tontorrón de quienes, estando en contra del independentismo, se empeñan en criticar al Gobierno y al PSOE hagan lo que hagan, es el de que convocar unas nuevas elecciones autonómicas es un absurdo que no servirá para nada porque los independentistas volverán a ganar y estaremos igual o peor que antes. Los que opinan así demuestran no haber entendido nada. No se trata de impedir que los independentistas ganen las elecciones. Ni siquiera de evitar que gobiernen. Se trata de que defiendan sus ideas y sus aspiraciones de independizarse con respeto al procedimiento democrático establecido, que implicaría una reforma de la Constitución para la que necesitarían el apoyo de tres quintos del Parlamento. Y de que gobiernen, si es que alcanzan una mayoría suficiente para ello, respetando el Estatuto.

Nada ni nadie impide a los independentistas el tratar de llevar sus ideas a la práctica por las vías democráticas. Lo que el Estado trata de evitar por medio del artículo 155 es que una parte de los catalanes, independientemente de que sean o no una mayoría, impongan unilateralmente su proyecto separatista a todos los españoles violando la Constitución y las reglas de juego que nos hemos dado entre todos, incluidos los catalanes. Y es obvio que si los partidos independentistas aceptaran ahora participar en unas elecciones autonómicas convocadas con arreglo a la ley estarían volviendo a la Constitución, con lo que la situación distaría mucho de ser la misma que ahora. Y si forman Gobierno, sería un Ejecutivo legítimo mientras no recaiga en la ilegalidad, al margen de que quienes ya han delinquido tendrán que responder por ello ante la Justicia. Frente al discurso derrotista, imponer la ley aplicando el 155 ha servido ya, de momento, para que Carles Puigdemont se esté planteando acudir este jueves al Senado a defender su plan separatista. Algo a lo que hasta ahora se había negado. No sería la solución al problema, pero sí un primer paso para llegar a alcanzarla y una gran noticia para la democracia. Veremos por ello si le deja la CUP.

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