Una anómala situación legal


Por fin el Gobierno se ha decidido a aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución. Era ya indispensable después del inconstitucional referendo del 1-0, celebrado pese a la suspensión de la ley de 6 de septiembre que acaba de ser declarada inconstitucional. No era preciso esperar a que se constatara la declaración de independencia instada en el preceptivo requerimiento de Rajoy a Puigdemont. Una pregunta innecesaria contestada de forma ambigua, con lo que se ha alargado una anormal situación de dos legitimidades enfrentadas que durará hasta que el Senado apruebe las normas necesarias para restaurar la legalidad. Por qué se nos ha entretenido con esa pregunta que tenía además una respuesta clara, como al final ha reconocido el president. No es él, sino el Parlament quien tiene que darla. Entre tanto, hemos asistido a unos curiosos flirteos dialécticos desde el Gobierno animando a Puigdemont a que no se pronuncie la DUI, ofreciendo diálogo e invitándole a que convoque elecciones reconociendo así su legitimidad. Lo hará si le conviene. Según la ley del Parlament tendría que convocarlas si los votos negativos hubiesen sido más que los afirmativos, que no ha ocurrido. El artículo 155 es el precepto específico para una actuación «que atente gravemente al interés general de España», llevada a cabo mediante un procés muy trabajado que contrasta con la simplicidad del Gobierno, que no es momento de analizar. Las medidas a adoptar serán las acordadas en definitiva por el Senado en donde el PP tiene mayoría absoluta. No se trata de suspender la autonomía que se rectificó en 1935; pero sí sería lógico al Presidente de la Generalitat y su gobierno y a los miembros del Parlament que votaron las leyes de 6 y 7 de septiembre. La aplicación del desconocido artículo 155 no será fácil. El desafío secesionista, aunque no sea mayoritario, ha tenido un respaldo social muy amplio, ha ido muy lejos y no es una flor de invernadero. Quizá por ello el Gobierno no ha querido afrontar en solitario esa decisión y ha procurado el apoyo del PSOE que, condicionado una vez más por el PSC, ha exigido una reforma constitucional y la convocatoria de elecciones dentro de unos meses en Cataluña. Los intereses electorales están detrás y afloran de un modo descarado en C,s que pide de un modo reiterado la celebración inmediata de elecciones. No son ajenos al PP en su prolongada reticencia a activar el 155 que es de competencia exclusiva del Gobierno, aunque el problema no ha querido verse desde el inicio de su última etapa como una cuestión de Estado. El daño al interés general de España reclama, de momento, restablecer la legalidad constitucional vulnerada. Es el interés a proteger más allá de los partidistas. Una etapa transitoria en la que se juega comenzar la reconstrucción de la legalidad constitucional. Para ello sería conveniente que protagonistas políticos y sociales se preguntaran por qué se rompió el consenso de 1978.

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