El Estado, ante la peor prueba de la democracia

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

20 oct 2017 . Actualizado a las 08:25 h.

En la segunda carta de Puigdemont hay por lo menos cuatro imposturas. Primera, que el pueblo catalán «decidió la independencia en un referendo». Para ser verdad le falta lo sustancial: haber sido una consulta legal y con mínimas garantías.

Segunda: «Ha aumentado la represión». Esto es demagogia pura. Si dos personas están en la cárcel, no es por sus ideas, como dice la propaganda independentista. Es por su responsabilidad penal. Tercera: el president asegura que la única respuesta del Gobierno central ha sido «la suspensión de la autonomía». No, señor: se trata de restablecer la legalidad y el orden constitucional. Y cuarta: reitera una oferta-petición de diálogo, cuando el vicepresidente Junqueras la limitó a pactar la independencia y Puigdemont no estuvo en la cumbre de presidentes, no expuso sus razones en el Congreso, no dejó hablar a la oposición en el Parlamento catalán y mantiene inactiva esa Cámara, que es el mejor escenario de diálogo.

Tiene, sin embargo, un aspecto positivo: mantiene en suspenso la votación de ese Parlamento sobre la independencia, lo cual se podría interpretar como una cesión a las exigencias del Gobierno. Pero lo estropea cuando anuncia la independencia si Rajoy aplica el artículo 155. El Gobierno no se anda con chiquitas, ve un «chantaje inaceptable», y de esta forma entramos en la parte más dura del conflicto: en cuestión de horas nos podemos encontrar con la declaración de independencia y el 155, todo a un tiempo. Si el rey Felipe VI había calificado la situación como de «extrema gravedad», la calificación ya se ha quedado corta: hay argumentos para hablar de situación límite, con el único alivio de la Unión Europea, que se sitúa claramente al lado del Gobierno, y la pequeñísima esperanza de que la evolución de la economía haga reflexionar a los responsables del drama.