Se acabó la farsa y toca aplicar la ley


Creíamos que Carles Puigdemont había agotado su arsenal de cinismo y falsedades con la carta que remitió al Gobierno el pasado lunes, pero ayer, con una nueva misiva en la que fuerza conscientemente la aplicación del artículo 155, demostró que aún le quedaban mentiras y desvergüenza política en el zurrón. Resulta imposible acumular más embustes y más trampas en un texto de solo 22 líneas en el que cada párrafo es un atropello a la verdad. Y todo, para al final no dar la cara ante nadie. Ni ante el Gobierno admitiendo que no ha declarado la independencia, ni ante el secesionismo radical presumiendo de haber proclamado la república catalana. Pretender llegar a la independencia por la vía de hacer juegos malabares con las palabras y retorcer el lenguaje para que un mismo texto signifique una cosa en Madrid y otra en Barcelona es una estrategia tan pueril como inútil.

La farsa del independentismo de salón no da ya para más y llega el momento de la verdad, aunque Mariano Rajoy está estirando el tiempo como si fuera chicle y dando a Puigdemont una bola extra tras otra para cargarse de razones antes de consumar lo que es inevitable: suspender de competencias a un Gobierno de Cataluña que no reconoce la Constitución, convocar unas elecciones y reinstaurar así la democracia y el debate en un Parlamento catalán que lleva meses secuestrado. A Puigdemont le quedan ya muy pocos días para evitarlo. Y, en contra de lo que afirman muchos, incluso desde las filas constitucionalistas, el tiempo no juega necesariamente a su favor.

Cada día que pasa se hacen más evidentes las mentiras con las que se ha construido un relato victimista que nada tiene que ver con la realidad de Cataluña. El apoyo de la Unión Europea al Estado español es cada vez más firme. Medios internacionales y hasta gobiernos extranjeros que compraron la mercancía falsa colocada por el independentismo en las redes sociales empiezan a entonar el mea culpa y a caerse del guindo por haberse enredado en las trampas del secesionismo trilero. Sandeces como la de equiparar la situación de Cataluña con la de Eslovenia bajo la Yugoslavia comunista o manipulaciones burdas como editar un vídeo lacrimógeno en el que se presenta a España como una dictadura y a Cataluña como un pueblo oprimido por la bota militar solo han provocado la burla generalizada en una Europa que puede ser cándida, pero no es estúpida.

El tiempo ha servido, además, para poner a cada fuerza política en su sitio, devolver al PSOE a su lugar natural de partido de Estado y demostrar que el problema que afronta España no es solo el del independentismo catalán, sino el hecho de que en el Congreso hay 95 diputados de hasta ocho partidos (Podemos, En Comú Podem, Compromís, En Marea, ERC, PDECat, PNV y Bildu) que están en contra de la soberanía nacional. El PSOE y el Gobierno deberían tomar nota para no caer en la trampa de abordar una incierta reforma de la Constitución que solo serviría para premiar a quienes pretenden acabar con ella.

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