La empresa que se va ¿volverá?


La construcción de un mensaje altamente emocional como el que lleva semanas instalado en una parte de Cataluña se asienta en items fácilmente asimilables. Ayer, el president Puigdemont coló dos esenciales en el argumentario del catalexit. El primero, los 16.000 millones que le cuesta cada año a la economía catalana su vinculación a España; el segundo, que el éxodo de empresas de Cataluña por la inseguridad jurídica es algo muy menor. Nada no esperable.

Sabiendo el enorme altavoz que tenía en el Parlament (televisiones internacionales transmitiendo y traduciendo), introdujo así el honorable estos elementos clave para su discurso: «La decisión de algunas empresas de trasladar su sede social es una decisión, déjenme decirlo, más de relato para los mercados que no con efectos reales sobre nuestra economía; lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía son los 16.000 millones de euros catalanes (¿?) que son obligados a cambiar de sede social cada año».

Ahí van las ideas. Uno, minusvalora el goteo de grandes y medianas sociedades que facturan 130.000 millones al año y pagan casi 2.000 millones en tributos al Estado, trasladando su sede social y fiscal fuera de Cataluña y ¡preferentemente a Madrid! Primero negaron que fuera a pasar, y cuando ha pasado lo han minimizado. Nada puede romper el discurso. Ahora se arriesgan a construir un país sin cimientos empresariales y financieros, y a expensas de que quien se ha ido quizá no vuelva más. No es ser agorero, es mirar atrás: sucedió con los bancos canadienses que optaron por irse de Quebec tras el referendo; no regresaron. Por si acaso, Puigdemont señaló a los que hacen las maletas: «Les pido que continúen generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su poder para amedrentar a la población». Sí, amedrentar...

Segundo mensaje. Al «Espanya ens roba» se le puede poner esa cifra de los 16.000 millones. Es un dato ya desmontado en varias ocasiones. Los que mejor lo han explicado son Joan Llorach y ¡vaya! Josep Borrell, hoy proscrito por el secesionismo. Su tesis explica que el independentismo no ha incluido intencionadamente en esa cifra los servicios prestados desde el Estado, y de los que se beneficia Cataluña (por ejemplo, la defensa o los servicios exteriores). Incluso un economista de cabecera en Cataluña como el exconsejero Mas­-Colell cifró el déficit fiscal en algo menos de 4.000 millones.

Pero da igual. El discurso lo ha asimilado. No es un caso único: ahí siguen Farage y Le Pen con sus mentiras sobre el brexit y la inmigración.

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