El proceso independentista catalán ha llegado a una encrucijada que puede llevar a decisiones irreversibles. El Govern de la Generalitat y la Asamblea Nacional Catalana (el movimiento social que desde el 2012 ha sido el factor esencial del proceso independentista) han utilizado la legalidad constitucional como si fuese una cuerda elástica, pero sin llegar a romperla. Después del simulacro de referendo de ayer, ha llegado el momento crucial en el que el presidente Carles Puigdemont tiene que decidir si finalmente rompe esa cuerda.
En esencia, a corto plazo, hay dos caminos de salida. Uno es la declaración unilateral de independencia. Otro es gestionar el éxito de la movilización, mantenerse en el gobierno e iniciar un proceso constituyente.
Mi pronóstico es que no habrá declaración unilateral. Sería un acto peligroso y estéril. Similar al del presidente Lluís Companys el 6 de octubre de 1934 saliendo al balcón del Palau de la Generalitat para declarar la República Catalana. El escenario político era también de fuerte enfrentamiento con el Gobierno de la Segunda República. Aquella declaración unilateral llevó a Companys a la cárcel, y la autonomía fue suspendida. Ahora, la declaración unilateral llevaría aparejada de forma automática la inhabilitación constitucional del presidente Puigdemont.
Mi pronóstico se apoya tanto en esas consecuencias legales como en el hecho de que muchas de las personas que han estado apoyando el proceso y el llamado derecho a decidir en realidad no quieren la independencia, sino obligar al Gobierno del Partido Popular a negociar una nueva forma de relación de Cataluña dentro de España. Eso es lo que buscaba el Estatuto del 2006, recurrido por el PP y destrozado por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Un Estatuto que, hay que recordar, había sido aprobado por las Cortes Españolas y votado en referendo en Cataluña. La sentencia del Constitucional dejó una herida que se ha ido ulcerando. Esa ulceración la han sabido aprovechar los independentistas. Pero si Puigdemont se dejase llevar por la adrenalina que ha generado el proceso, muchas de esas personas les retirarían el apoyo.
Los contrarios al proceso acostumbran a utilizar el argumento de los efectos económicos como freno al proceso. Aunque sorprenda, el proceso no ha hecho hasta ahora mella en el consumo de las familias, la actividad económica, la inversión ni el empleo. Sucede lo mismo en otros países con elevada incertidumbre política, como el Reino Unido. Probablemente se debe a que los animal spirits, los sentimientos de los agentes económicos, están hoy más determinados por las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales que por la situación política interna de cada país. Cosa distinta ocurriría si se produjera una declaración unilateral. Eso lo saben los dirigentes políticos del proceso menos radicales.
En cualquier caso, llegados a este punto, se hacen necesarias unas nuevas elecciones para saber cuál es la geografía de las preferencias de los votantes tras cinco años de excitación soberanista. Con esa nueva cartografía se verá cuál es la salida más probable para la encrucijada catalana.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y vocal del Círculo de Economía