Hoy, otro día clave en el puñetero procès. Puigdemont ha convocado la junta de seguridad y si la convoca Puigdemont tengan la seguridad de que no es para nada bueno. Lo más probable es que estemos ante alguno de sus trucos para intentar liberar a los Mossos de los deberes que les impuso el fiscal superior de Cataluña. Es decir, que se sometan al mando único de Pérez de los Cobos, que acudan mañana a precintar los colegios electorales o disuelvan las movilizaciones que habrá este domingo. Ya se sabe que en Cataluña, según la propaganda separatista, existe la versión política del poli malo-poli bueno. El malo es el policía nacional y el guardia civil, que pueden provocar cualquier desgracia, en opinión de bocas tan ilustres como Irene Montero y Pablo Iglesias. El bueno es el mosso, que actúa con prudencia y sabiduría y, según su director Pere Soler, está para «garantizar derechos, no para impedir su ejercicio».
Veremos qué sale de la junta, pero no veo a Puigdemont alentando a los guardias a que impidan su propio referendo. El panorama es tan endiablado que cualquier solución es mala. Es malo precintar los colegios y prohibir que se vote en un radio de 100 metros, porque los fanáticos pondrán una urna, aunque sea una caja de zapatos, en el metro 101. Y si tampoco pueden ponerla, habrá una concentración de protesta en cada uno de los 6.000 colegios electorales y los equipos de Puigdemont los contarán como votos. Engaños peores hemos visto este mes de septiembre, como culpar a los periodistas del destrozo de los coches de la Guardia Civil.
También es malo no hacer nada, por mucho que lo quiera justificar el señor Trapero. De nada sirve proclamar la ilegalidad de la consulta, anular las leyes de desconexión, llamar a declarar a alcaldes, aceptar la demanda por sedición, avisar de delito a los funcionarios, disolver la Sindicatura Electoral, registrar centros oficiales, detener al núcleo duro del referendo y requisar toneladas de material si el domingo se permite votar con toda libertad, como si fuese una acción amparada por el derecho. Cualquier salida es, como la habría definido Torcuato Fernández-Miranda, «una trampa saducea».
¿Qué dice ante ello el sentido común? Que el Estado, con todos los riesgos, no puede hacer dejación de sus obligaciones. Lo que está en juego es el número de papeletas que se depositen en las urnas, no lo que pongan esas papeletas, porque el sí de los participantes está asegurado. El reto separatista es superar el número de votos depositados el 9N del 2014 para cargarse de legitimidad ante la declaración unilateral de independencia. Y si en esto el Estado no se impone, el Estado habrá desaparecido en Cataluña. Si es que no ha desaparecido ya.