La Voz publicaba, antes del verano, unos datos demoledores sobre el envejecimiento del profesorado de las universidades gallegas, en los que destacaba el hecho de que en la Universidade de Santiago la media de edad supera los cincuenta y cinco años. En el trabajo se hacía hincapié en que las universidades atribuían a la crisis económica y a las tasas de reposición las causas del actual problema generacional en su personal docente.
Es verdad que no es el único problema de la universidad, la penosa financiación o la reducción en los fondos de investigación, por citar solo dos ejemplos, son problemas adicionales que están convirtiendo las universidades españolas en centros poco eficientes y burocratizados con un alto grado de docentes desmotivados y sin aliciente alguno. Sin embargo, las cifras publicadas por La Voz merecen una reflexión profunda.
Vayamos al asunto. Si bien es cierto que la nula tasa de reposiciones para hacer frente a las jubilaciones y el estrangulamiento económico han tenido efectos perniciosos en la universidad, no lo es menos, en mi opinión, que el actual sistema de acceso del profesorado juega un papel igual de importante. Para que los lectores se hagan una idea, no es infrecuente que los concursos de plazas de profesorado en la universidad sean copados por jóvenes de entre cuarenta y cincuenta años, lo que obviamente compromete la renovación.
Es verdad que la causa de esta situación es atribuible a las exigencias del acceso a las plazas, a la no consolidación previa de jóvenes y a la existencia de un alto número de personas con currículos competitivos con décadas en trabajos precarios, pero si la renovación se basa únicamente en la reposición de las jubilaciones y la convocatoria de unas pocas plazas de promoción, estaremos haciendo el pan con unas tortas.
En mi opinión, la única manera de cambiar el rumbo de la actual situación es mediante un sistema parecido al de los médicos internos residentes (MIR), o al de los profesores de secundaria, que permita el acceso a las nuevas plazas a los jóvenes graduados y garantice la renovación. Es verdad que hay que definir cuidadosamente las características de la prueba, su carácter nacional o no, pero es la única manera de garantizar que las nuevas generaciones accedan a las plazas de profesores. No hay más que darse una vuelta por un hospital para ver que la situación es bien diferente.
Si miran los datos de algunos departamentos de la USC, por ejemplo, el mío, verán que todos nuestros jóvenes superan con creces los cincuenta años, edad que no alcanzaba el mayor de los profesores cuando yo me incorporé. Ninguna empresa puede soportar esa pirámide de edad en plena era de cambio tecnológico e innovación, por más que existan buenos investigadores o magníficos profesores; no entenderlo conducirá al fracaso.
Obviamente, la situación no es culpa de los actuales responsables de la enseñanza superior, pero su objetivo fundamental debería ser que al terminar sus mandatos la edad media de los profesores haya disminuido, al margen de las jubilaciones. La universidad puede soportar, no sin penas, que el dinero para prácticas de los alumnos se reduzca o que los profesores tengan que comprarse sus ordenadores, pero no que los jóvenes hayan desaparecido de su plantilla docente.
En resumen, que la Universidade de Santiago tenga más de quinientos años no quiere decir que esa tenga que ser la edad media de sus profesores.