Debiera ser un lugar común la separación de poderes como articuladora y garante de la democracia. Una democracia en riesgo por el uso torticero de las mayorías oprimiendo a las minorías. Hace días me refería a todo ello en relación con las preocupaciones de los padres fundadores de EE. UU. Coincidía la reflexión con el ultimátum dado a la Polonia gobernada por el partido Ley y Justicia de desposeerla de su derecho de voto en la UE si no retrocedía en someter a su antojo a los jueces del alto tribunal. También con el cambio de reglamento del Parlamento de Cataluña para ahormarlo a esa mayoría parlamentaria independentista y sus artimañas. Cuando esto escribo, esa mayoría, sin atender a los derechos de los diputados, han puesto en marcha la nueva reglamentación para aprobar de urgencia al menos esa ley del referendo que enarbolan. Ley que a mayores de otros despropósitos obvia el papel judicial de las juntas electorales y consagra un nuevo engendro de escasa garantías democráticas, la sindicatura electoral, nombrada por mayoría simple del Parlamento. Todo ello con desprecio del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, al que tampoco tienen aprecio. Con el estrambote final de la recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional presentada por Carme Forcadell, en la estela de las maniobras populares, lástima de Trillo, ante el Estatuto de Cataluña, para enredar el tiempo procesal. Obviando la Mesa del Parlamento la advertencia de sus servicios jurídicos que cuestionan la utilización del artículo 81.3 del reglamento para modificar el orden del día, al tiempo que advierten de que se conculcarían los requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley.
Por eso duele que en el acto inaugural del año judicial sus dirigentes obvien dar cuenta de sus políticas para optimizar la Justicia y subsanar sus prolongados y sucesivos errores, desde el inefable LexNet hasta las sucesivas reformas y reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, y enfaticen el conflicto sin entender que sin jueces y Justicia eficaz e independiente se debilita la democracia. Y se debilita la respuesta a los problemas que nos acechan. Entre ellos los provocados por independentistas de Esquerra, la vieja Convergència y la CUP, que desde instituciones democráticas, al viejo y nefasto estilo, se afanan en despreciar la ley y la norma, incluso la realidad, para alcanzar su objetivo de someternos. Con desprecio del Estatuto, la Constitución, el derecho internacional y la división de poderes en democracia.
Puede que algunos lamenten que no se pueda privatizar la Justicia. Por ello se afanan en dominarla o precarizarla, incluso en someterla al poder político. Incluidos quienes pretenden crear un Estado, tal y como recogen en ese proyecto de la «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana». Tiempos de reivindicar lo evidente, Estado de derecho y desde luego la política.