¡Qué gran unidad, si fuera cierta!


Tras ser anunciada a bombo y platillo, lo mejor que puede decirse sobre la unidad política de la impresionante manifestación celebrada ayer en Barcelona es que la profunda desunión partidista que con ella ha tratado de encubrirse no acabó por provocar su suspensión. Desunión partidista, desde luego, pues la manifestación vino precedida de dos gravísimas provocaciones del nacionalismo catalán: la primera, las delirantes acusaciones de la CUP contra el Jefe del Estado y contra el Gobierno, a quienes los radicales consideran, ¡nada más ni nada menos!, que financiadores del terrorismo yihadista; la segunda, aun mucho más grave, la procedente, no de un grupúsculo extremista enloquecido, sino del presidente de la Generalitat, quien, mostrando su cínica voluntad unitaria, acusó al Gobierno 48 horas antes de marcha ¡nada más ni nada menos! que de «jugar a hacer política» con la seguridad, por recortar los fondos de los Mossos. Todos juntos, sí, pero algunos a lo suyo, como siempre. 

Pero no solo eso corría bajo una manifestación pretendidamente unitaria, sino también la profunda deslealtad territorial que ha marcado la acción política del gobierno catalán desde que se produjeron los ataques yihadistas en Barcelona y en Cambrils. Ayer el Gobierno central y el catalán marcharon de la mano, pero durante todos estos días la obsesión del segundo ha sido convertir la reacción oficial de Cataluña frente a los atentados en un escaparate de su reivindicación secesionista. Algo a lo que, de un modo incomprensible, se ha prestado el Estado de todos (también, claro, de los catalanes) aceptando que su imagen desapareciera de la gestión post-atentado, como si aquel hubiera tenido lugar en un país extranjero y no en una Comunidad Autónoma española. Es inimaginable que las cosas se hubieran desarrollado de forma tan atrabiliaria en cualquiera de los Estado federales del planeta. Como en cualquiera de ellos habría resultado completamente inconcebible que en una manifestación contra el terrorismo gobiernos y partidos hubieran aceptado el papel de comparsas en una marcha con la que pretende simbolizarse una lucha cuya dirección les compete de forma primordial. Porque, son en España los Gobiernos central y autonómicos (y no solo estos últimos, como creen los nacionalistas) y son los partidos que sostienen esos gobiernos los responsables de dirigir las políticas que garanticen nuestra seguridad, como ocurre en cualquier Estado democrático. El tufo antidemocrático que desprende, por eso, la decisión de esconderlos tras la cabecera de la marcha para que no se les vea demasiado da idea cabal de hasta qué punto se ha extendido una concepción populista y demagógica de la política y, lo que es incluso peor, de hasta qué punto quienes deberían luchar contra ella la han aceptado tan resignados como acomplejados.

La manifestación vino precedida de dos gravísimas provocaciones del nacionalismo

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