El Gobierno está obsesionado con frenar el referendo y toda la diarrea legislativa que de él emana. Y para eso hace un uso infantil de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, que por cada problema que consigue enquistar, o cronificar, genera media docena de héroes dispuestos a dar su vida política por una patria imaginaria. Mas y Homs, es cierto, están someramente inhabilitados. Pero el problema catalán no solo sigue vivito y coleando, sino que cada día genera más daños en la organización institucional del Estado.
La razón de este desvarío es que el Gobierno sigue manejando un diagnóstico equivocado, que, en vez de poner sus ojos y remedios terapéuticos en la ilegal transformación de la Generalitat en una agrupación independentista, de naturaleza partidaria, sublevada contra el Estado, siguen mirando hacia el referendo y hacia la legalidad instrumental, sin llegar a entender que, mientras la Generalitat sea considerada un poder soberano de facto, que hace y dice lo que le da la gana, todas las leyes de desconexión y creación de estructuras de Estado no pasan de ser la pura lógica de un disparate consentido.
Un catalán que compre una urna, presida una mesa, o imprima un censo, puede recibir un severo castigo de parte de los timoratos vigilantes de la legalidad, que se ceban en el débil, para disimular, y dejan al fuerte impune. Pero los catalanes que impulsan y dirigen el uso fraudulento de sus instituciones, que las convierten en partidos revolucionarios institucionales al servicio de un independentismo paleozoico, y que traicionan su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley, pueden maniobrar durante años sin que nadie se atreva acusarlos de prevaricación, malversación y sedición, que son los tres delitos de los que ellos presumen cuando abren -cada día- los telediarios.
Nadie sabe por qué la asociación para delinquir contra el Estado, y los hechos que de ella se siguen, quedan impunes, de hecho, en un país que cada vez hace más y más dudosos juicios preventivos inspirados en la puñetera alarma social. O por qué un mero insulto a la pareja te puede alejar de tus hijos y tu casa, mientras un plan para romperte el país no puede ser castigado hasta que se produzcan unos hechos que, por ser en sí mismos irrelevantes -como poner una urna de cartón-, dejan sin castigo el uso ilegítimo e ilegal del poder institucional en contra el Estado, que es lo efectivamente relevante.
Pero España es ese Estado en el que la Generalitat puede inventar una constitución, un país y una legalidad internacional, mientras el Gobierno del Estado se echa a temblar ante la sola mención del artículo 155 de la Constitución. Por eso estoy harto, asqueado y vencido por este problema. Y ya prefiero que se acabe pronto, aunque sea mal, que seguir en esta agonía política y patriótica absurda, humillante e interminable.