Más sombras que luces

Antón Arias TRIBUNA

OPINIÓN

03 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Mucho se ha hablado, pero pocas reacciones de censura ha habido en relación con la medida adoptada para materializar la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander.

Esta operación está llena de luces y sombras, que han dejado a una parte de la ciudadanía y de las instituciones con el ánimo cubierto de suspicacia.

Una luz a destacar es la habilidad que ha demostrado el Banco Santander en el manejo del arte florentino de la intriga, ya que de una manera sigilosa, eficaz y sorprendentemente rápida, ha concretado una operación de gran calado cuyo éxito calcula que le reportará una rentabilidad de la inversión -después de llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 7.000 mil millones euros-, del 13 %-14 % en el año 2020 y un incremento del beneficio de la acción en el 2019. El banco resultante pasará a ser, en España y Portugal, el primer banco privado, uno de los más importantes de Europa y todo esto dentro de un mapa bancario de alta concentración.

Desde el lado de las Administraciones públicas es destacable que, a diferencia de lo que ocurrió en actuaciones pasadas en relación con entidades financieras en crisis, no se ha comprometido ni un solo euro de dinero público.

Sombras en relación con el futuro de los trabajadores; clientes, tanto empresas como individuos; accionistas y proveedores por la falta de una explicación que resulte veraz, sin levantar suspicacias, como ha ocurrido con la que se ha dado de falta de liquidez por la retirada de fondos por parte de los depositantes sin que nadie las haya cuantificado.

La operación estrena el Mecanismo Único de Resolución (MUR), cuya aplicación supone un cambio de comportamiento por parte del regulador, europeo en este caso, puesto que en España nunca se había declarado inviable un banco. Este mecanismo fue creado por la Unión Bancaria como instrumento de superación de la crisis financiera en la zona euro y que por la intensidad de la medida implementada ha generado inseguridad jurídica, que a su vez ha conllevado muchas dudas sobre la credibilidad del sistema financiero así como del respeto al principio de libre empresa, pues creo que a nadie se le escapa que hemos asistido a una suerte de nacionalización a la que le ha seguido de forma inmediata una privatización por valor de un euro.

Es correcto el argumento de que la inviabilidad de una institución financiera debe de ser asumida por sus accionistas, pero de este axioma no se puede concluir que una acción que tiene un valor de mercado pase, por una decisión de la autoridad competente, a valer cero y por haber alcanzado dicho valor se proceda a su amortización. ¿Se liquida y a las pocas horas funciona con normalidad?

Excepcional, porque ante la situación de crisis en que estaba inmerso el Banco Popular nadie barajaba como alternativa para su viabilización una medida como la que finalmente se adoptó. No ayudó a predecir la excepcionalidad la resolución adoptada con anterioridad en relación con la crisis, derivada en rescate, del banco italiano Monte dei Paschi di Siena ni las medidas, aprobadas y supervisadas por las autoridades competentes, que adoptaron los gestores del Banco Popular encaminadas a su venta, y que venían implementándose desde al menos el mes de noviembre del 2016, momento en el que el banco recibió ofertas superiores a los 6.000 millones de euros.

Por último, creo que es conveniente aclarar que se ha generado un debate que nos desvía de lo trascendente en este caso, y es el relativo a cómo afecta esta operación a la viabilidad del sistema financiero gallego. Galicia no tiene un sistema financiero propio. Caminamos hacia un sistema financiero europeo en el que las finanzas gallegas tendrán poco que decir porque en Galicia no se cumplen los requisitos que la teoría económica exige para que se pueda hablar de la existencia de un sistema financiero y que son la existencia de sujetos que generen o demanden financiación, la tenencia de productos financieros propios y la existencia de un mercado financiero e instituciones de control. De estos cuatro requisitos Galicia solo cumple con el primero.