Angrois: responsabilidades políticas y penales


La ciudadanía se cuestiona que, 4 años después, 80 víctimas mortales y 140 heridos de diversa consideración sigan esperando que el sistema judicial les haga justicia. Ayer se amplió, en 18 meses más, el plazo para discernir las eventuales responsabilidades penales. La lentitud, las consentidas actuaciones de demora y falta de colaboración por parte de instituciones y empresas del Estado no presagia nada ágil, esclarecedor ni ejemplarizante. La labor investigadora de la prensa y las fases preliminares de la instrucción han sacado a la luz que existía un proyecto aprobado y una obras en avanzado estado de ejecución que algún responsable de Fomento decidió modificar cuando faltaban pocos meses para su finalización y que, como consecuencia de dicha modificación, algún responsable de las obras (Fomento o ADIF) decidió suprimir el proyectado sistema de circulación segura ERTMS en los 8 últimos kilómetros de la línea anteriores a Santiago de Compostela.

 También pudimos conocer en voz del titular de Fomento la fecha prevista de inauguración de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago seis meses antes de que los ingenieros y ejecutivos de Fomento y ADIF aprobasen los últimos partes de autorización para la puesta en servicio de la línea, firmados en los tres últimos días anteriores a la inauguración. Ahora este periódico nos informa de que se tardan casi dos años en poner operativo el ERTMS.

Quienes asistieron a la inauguración, jaleada por los gabinetes de prensa de Fomento, vieron y escucharon al ministro del ramo, en presencia del presidente de la Xunta de Galicia, decir lo que hoy siguen reflejando las hemerotecas: Ourense-Santiago, «primera línea en Galicia de alta velocidad». Pocos días después del accidente, en el Congreso de los Diputados, el presidente de ADIF negaba (¿o mentía?) que la línea fuese de alta velocidad.

A los pocos días de producirse el accidente, personal encargado por ADIF instalaba en la zona anterior al lugar del accidente balizas y señalización inexistentes cuando se produjo aquel, que desde entonces advierten, previenen e incluso impiden un nuevo accidente ante el eventual error o despiste de los maquinistas.

Probablemente estos temas no serán objeto del juicio como causa directa del accidente, pero reflejan conductas inaceptables para los ciudadanos en democracia. Reiteradamente los Parlamentos de España y Galicia vienen rechazando la constitución de sendas comisiones de investigación sobre los anteriores hechos, alegando que el caso está en fase judicial.

Sin considerar otros hechos anómalos que afectan al tren causante del elevado número de víctimas, observamos que hay material político suficiente para investigar y que los ciudadanos conozcamos a qué obedecen las cuestionables y contradictorias decisiones de ministros, máximos responsables de Fomento y presidentes de empresas públicas de designación discrecional.

No se trata de juzgar al Ministerio de Fomento por un accidente, sino de conocer la actuación del mismo ante la construcción e inauguración de la línea Ourense-Santiago.

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