La huelga del transporte de viajeros

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El problema de Galicia no es el envejecimiento, que se cura con inmigración, sino el inmovilismo estructural y la creencia generalizada de que amarrando lo que tenemos podemos librarnos de las dinámicas de la globalización y el cambio tecnológico. Y para muestra pongo tres botones. La huelga de estibadores, que, en contra de la normativa europea, nos está haciendo el mayor daño posible en el momento crucial de las grandes oportunidades. El problema de Ferroatlántica en Cee, que, tratando con mentalidad localista a una multinacional que solo puede progresar en la punta de la investigación y la competitividad, pone en riesgo la línea de producción del silicio solar. Y la huelga del transporte de viajeros, que intenta defender un modelo ineficiente y de altísimos costes económicos y sociales contra cualquier modernización que implique la reestructuración del sector. Y así podrían citarse otros ejemplos presentes y pretéritos.

 El transporte de viajeros es ineficiente porque, articulado sobre un modelo legal inflexible, e incapaz de adaptarse a las necesidades de la población que habita un mundo rural en proceso de recesión económica y social, intenta evitar que el transporte escolar, que en sí mismo es ineficiente y costoso, conecte a un sistema de transporte integral todo el territorio que no alcanzan a servir las líneas comerciales. También es ineficiente porque, incapaz de asumir que las viejas concesiones interurbanas ya no pueden servir las grandes y caóticas conurbaciones actuales, sigue impidiendo la integración de servicios locales y comarcales en sistemas intermodales de alta eficiencia y bajo coste. Y también es ineficiente, en fin, por la proliferación de servicios discrecionales o específicos -como el transporte de funcionarios de la Xunta-, que, pensados como soluciones provisionales, se van consolidando -con diferentes explicaciones y facturas- para robarle eficiencia y negocio a los que deberían ser transportes racionales y modernos.

A la tarea de paliar esta situación se puso la Xunta en varias ocasiones -especialmente en los transportes metropolitanos- con grandes resistencias y escaso éxito. Y en esta necesidad se aventuró también la conselleira de Infraestruturas e Vivenda sin contar con que, más allá de solicitarle un cambio progresivo y experimentable, se le iba a montar una huelga injusta, de fuerte impacto social, contra todos los cambios esenciales, urgentes e integrados que el sector necesita. Por eso creo que Galicia, si no quiere perder todos los trenes, tiene que enfrentarse a estos conflictos con reflexión serena e informada, sin cambiar el pan para hoy por el hambre de mañana, y sin dejar que la política de cesiones populistas, que la Xunta practica también con fruición irrefrenable, vaya cercenando todas las oportunidades de modernización competitiva.

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