Banco Pastor: caso abierto


Ha pasado algo más de una semana desde que se materializó lo que ya se conoce como el caso Popular, al que en Galicia necesariamente debemos referirnos incluyendo la denominación del Banco Pastor. Tras el shock inicial y, desgraciadamente, con poca más información sobre el mismo, creo obligado reflexionar en público sobre lo que considero que se tendría que hacer y quién lo debería de hacer.

 Aunque quizá no éramos conscientes de que en Europa nos habíamos dotado de un mecanismo que permite afrontar la crisis de una entidad financiera interviniendo la misma, y haciendo pagar el coste correspondiente a sus propietarios, deudores -menos mal que en este caso se paró por aquí- y depositantes, entiendo que «hacer Europa» es, en suma, trasladar poder de decisión a instancias superiores, también para situaciones con tanta repercusión como esta y, sobre ello, como europeísta convencido, no tengo nada que objetar; aunque la primera vez que se aplica ese mecanismo sea a un banco español y, como colateral, a un banco gallego.

Mis dudas, y con ellas mis discrepancias, están en el procedimiento seguido para llegar a la decisión tomada y cómo se nos ha justificado la misma. Para ir al grano, lo acontecido se podría resumir explicando que a un montón de accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, al personal de una entidad financiera y a todos los gallegos, aunque no estemos encuadrados en los dos grupos anteriores, se nos dice de un día para otro: su banco ya no es viable, ha sufrido una crisis de liquidez, que lo ha dejado zombi y lo hemos tenido que intervenir de esta forma para que no cueste un euro a los contribuyentes -sobre esto último haré algunas aclaraciones en su día-. Si alguien no supiera del tema podría pensar que estoy resumiendo la justificación de la operación y la información suministrada al respecto, pero no, no hay más, eso es todo lo que se nos ha dicho y explicado.

Y esto es por lo que no podemos pasar, nos tenemos que plantar y reaccionar. Es de justicia que, tanto los directamente afectados como toda la sociedad, conozcamos la información real en la que se sustentan esas afirmaciones y en base a la cual se tomaron las decisiones, y la conozcamos ya. Ni el Gobierno central, ni el Banco de España ni la CNMV pueden ponerse de perfil y echar balones fuera. Porque además, en este caso, no les va a valer de nada, terminará sustanciándose judicialmente y ahí, sí o sí, tendrán que suministrar esa información, se analizará pericialmente y las conclusiones sobre la misma serán públicas.

Pero no podemos esperar hasta ese momento, el proceso no tiene marcha atrás y las decisiones que se tomen en el mismo, sea para compensar a los afectados, sea para reconocer situaciones diferenciales en determinados territorios, sin duda, estarán motivadas o condicionadas por la realidad de esa información.

Por ello, este caso debe ser gestionado desde Galicia como un asunto de Estado, en el que nuestro Gobierno y toda la clase política, conjuntamente con la sociedad civil, reivindiquemos desde ya conocer la realidad de la operación, para saber a partir de ese conocimiento cómo, a quién y con qué fuerza podemos pedir justicia y, con ella, mantener algo de lo que el Banco Pastor aporta a Galicia, aunque ya solo sea una marca y una actividad ligeramente diferenciada.

Por Miguel A. Vázquez Taín Presidente del Consello Galego de Economistas

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