Para que no haya dudas, lo sentaré desde el principio: estoy dispuesto a creerme sin rechistar que el Gobierno de Rajoy ha tratado de influir sobre el fiscal general del Estado por una sencillísima razón: porque no ha habido Gobierno en España desde los primeros de Suárez que no haya sido acusado de lo mismo. Baste recordar, sin ir más lejos, las constantes denuncias vertidas contra Conde Pumpido cuando desempeñaba el puesto que hoy ocupa el fiscal Maza.
Admitida, pues, la presunción de culpabilidad de cualquier gobierno por razones consuetudinarias, lo cierto es que en el caso del fiscal Maza y del ministro de Justicia reprobados este martes por la mayoría del Congreso poco hay en la proposición no de ley presentada por el PSOE que sirva de base a su durísima petición: o afirmaciones tautológicas (del tipo de «la Fiscalía General del Estado está manipulada porque el Gobierno la manipula») o vaguedades como que el ministro de Justicia se injiere en las causas judiciales, menoscaba la confianza de los ciudadanos y dificulta el trabajo de la fiscalía y la judicatura, huérfanas de toda prueba en que basar afirmaciones de tanta gravedad.
En realidad, son todos los partidos -dos de los cuales (PP y PSOE) han sido Gobierno y oposición y por tanto alternativamente denunciantes y denunciados por injerirse en la acción de la justicia- los que arruinan el prestigio de jueces y fiscales, que solo pueden desempeñar sus importantísimas funciones si existe una amplia presunción social de que actúan con imparcialidad y sujetos al imperio de la ley. A esa nefasta acción partidista ha prestado gran ayuda, por supuesto, la politización e incluso la lealtad partidista de no pocos jueces y fiscales que han entrado, como elefante en cacharrería, en el juego peligrosísimo de hacer política sin abandonar antes sus puestos y el estatus de notable irresponsabilidad que le aseguran.
Tras cuatro décadas de vigencia de la Constitución, sabemos ya que el nombramiento del fiscal general del Estado por el Gobierno es una perversión que debe ser corregida cuanto antes. Y que el sistema ideado por nuestra ley fundamental para garantizar la independencia de los jueces -la creación del Consejo General del Poder Judicial- ha resultado un fiasco formidable, al ser el Consejo un verdadero parlamento judicial y generar sus facultades una politización en cascada de los jueces.
Pero ni la supresión del nombramiento gubernamental del fiscal general, ni la eliminación de ese Consejo del Poder Judicial creado en mala hora servirán de nada si no se cumplen además otras dos indispensables condiciones: que los partidos renuncien a convertir la agenda judicial en la parte esencial de la vida política española; y que los jueces y fiscales que quieran hacer política la practiquen donde corresponde y no desde unos puestos que le han sido confiados por la sociedad para otra cosa.