Ortega paga, la sanidad pública recibe


El miedo le invade el cuerpo hasta que es incapaz de pensar. Le sudan las manos. Su voz tiembla y la zona lumbar se tensa hasta el punto que no le deja levantarse de la silla y mucho menos andar. Gira la cabeza y mira a los ojos del especialista cuando entra en la consulta y coge el historial. En la última página, aparece la palabra temida: cáncer. El mundo se derrumba y es necesario escalar entre sus ruinas. Comienza entonces un proceso que no se frena, aunque él quisiera pararlo para vivir en calma los días que le queden. Cita con el oncólogo. De radioterapia a quimioterapia. Vómitos, llanto, quebranto del alma. Ánimos que poco sirven para apartar el miedo a la muerte, una muerte que se anhela cuando el fin está cerca y el cuerpo dejó de ser del enfermo para ser del sistema sanitario. Los niños de casa miran a la habitación de papá de reojo. Está tan mal que no se atreven a pasar. Sin embargo, todavía hay esperanza.

Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo -pero que no vive en New York sino en A Coruña, y trabaja en Arteixo y no en Wall Street-, acaba de donar a través de su fundación 320 millones de euros a la sanidad pública para la adquisición de unos equipos que reducen a la mitad la duración del tratamiento del cáncer. Por ejemplo, el de mama pasará de seis a tres semanas; el de próstata, de ocho a cuatro, y las sesiones de tres horas en el caso de un tumor cerebral se reducirán a veinte minutos.

¿Saben por qué este empresario que empezó en un taller cutre y ahora tiene un imperio en el que trabajan 160.000 personas apostó por esta acción? Primero, porque le dio la gana y puede hacerlo; segundo, porque habrá pensado que es una manera de ayudar y de compartir lo que tiene, y tercero, porque es una línea de actuación práctica que repercute de manera beneficiosa y directa en esos 200.000 hombres, mujeres y niños que cada año escuchan que su diagnóstico es cáncer.

Teniendo en cuenta que venimos arrastrando diez años de duros recortes también pudiéramos convenir -o al menos deducir- que la tecnología localizada en los hospitales públicos españoles también ha sufrido las consecuencias de los tijeretazos. Por lo tanto, la decisión de Ortega parece que ha estado -como poco- bien pensada. No ha optado por montar un hospital propio ni por hacer la donación a un centro privado, con lo que reventaría la competencia en el sector sanitario y facilitaría los últimos avances a unos pocos.

Los que critican el desembolso de 320 millones de euros en la compra de los equipos tienen que tener en cuenta que no ofenden los que quieren, sino los que pueden. Esta vez no pueden, pero además todos sabemos que siempre hay idiotas de guardia que critican al tiempo que se equivocan de objetivo.

La Fundación Ortega tiene claro que no dejará de actuar para «contribuir a la construcción de una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella a través del trabajo en los sectores de la educación y la asistencia social». Quizá ese empeño venga motivado porque el que hoy es el hombre envidiado por su riqueza empresarial nunca olvidó una infancia, aunque feliz, llena de necesidades, y la dureza de cumplir con un trabajo sin contrato cuando se acaban de cumplir los 13 años.

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