A los que alardean de violar las leyes del Estado democrático cabría recordarles lo que afirmaba Napoleón Bonaparte sobre quienes despreciaban la fuerza imparable de las cureñas que transportaban sus cañones: «Desgraciados los que se encuentren bajo sus ruedas». Y es que la ley puede ser lenta, pero es la ley y su peso cae, antes o después, aunque de forma inexorable, sobre aquellos que la incumplen.
También, por supuesto, sobre quienes, como el dirigente de la antigua CiU Fracesc Homs, están convencidos de que, por contar con la patente de corso de un mayor o menor apoyo popular, pueden violarla impunemente. Homs, Consejero de Presidencia de la Generalitat cuando en 2014 se celebró el referendo ilegal del 9 de noviembre sobre la secesión de Cataluña, lo apoyó con todo el poder propio de su cargo y tomó las medidas necesarias para que la consulta, contra la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, que la había anulado previamente, pudiera celebrarse. Violó Homs la ley penal a sabiendas de que lo hacía sin ningún genero de dudas, despreció todas las advertencias que en ese sentido se le hicieron y se jactó, como un matón, de utilizar para delinquir un poder público que tenía conferido para servir a la ley y garantizar su cumplimiento.
Por eso, si el Código Penal no está de adorno y debe aplicársele a alguien más que a los ladrones de gallinas, las acciones de Homs entran de lleno en sus claras previsiones. La fiscalía lo acusa de prevaricación y desobediencia grave y sobre la procedencia de ambas acusaciones pueden juzgar ustedes mismos.
El primer delito lo comete la autoridad que «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». El segundo, los que «resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones» (artículos 404 y 556.1 del Código Penal). ¿No es eso lo que sin duda alguna ha hecho Homs -él también, aunque no él solo- impulsando la celebración de un acto prohibido por quien tenía legalmente esa facultad? Esa pregunta merece una respuesta afirmativa tan rotunda que nadie debería dejarse impresionar por las baladronadas de quien pronto será sentado en el banquillo de los acusados y tiene la delirante pretensión de salirse de rositas negando la legitimidad del Tribunal que va a juzgarlo y descalificando el proceso al que será sometido, como una supuesta manifestación de justicia política dirigida contra el derecho a decidir del pueblo catalán. Ni justicia política, ni derecho a decidir, ni falta de legitimidad del juzgador: aplicación de la ley penal, con todas la garantías de defensa, a quien creía poder delinquir protegido por la impunidad de su cargo y sus ideas. De eso se trata. Solo de eso. Nada más.