«España es federal en todo, menos en el nombre». Aunque llevo muchos años insistiendo en tal idea, la frase que abre esta columna no es mía, sino de quien fue uno de los más importantes federólogos del mundo, Ronald Watts, recientemente fallecido. Basta comparar los doce Estados federales más relevantes del planeta (lo que hice en el 2012 en un libro titulado Los rostros del federalismo) para llegar a la conclusión que Watts afirmaba con la claridad de las cosas evidentes. Y ello, pese a que algunos dirigentes del PSOE y del PSC aún no se hayan enterado.
España es, repito, un Estado de naturaleza federal y, porque lo es, resulta lógico que, al igual que en otros de ese tipo (Alemania, Austria, Suiza, Canadá, Australia o Estados Unidos) exista aquí esa Conferencia de Presidentes que ayer se reunió en Madrid con la presencia del jefe del Estado. Pese a los acuerdos que en ella se adoptaron, es imposible afirmar que la conferencia haya sido un éxito por una razón que a nadie se le escapa: la ausencia en ella de los presidentes vasco y catalán. La pregunta, claro, es de cajón: ¿por qué las conferencias funcionan bien en los Estados federales y han sido en España una sucesión de frustraciones? No hay duda alguna: por el boicot del nacionalismo vasco y catalán.
A la de ayer, como previamente a la mayor parte de conferencias reunidas en España hasta la fecha, no asistieron los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña, que volvieron de ese modo a demostrar una vez más su deslealtad constitucional, su sectarismo político y su concepción puramente instrumental del poder, puesto al servicio no de la defensa del interés general de sus comunidades respectivas, sino de su proyecto de construcción nacional y de los intereses particulares de aquellos votantes que son nacionalistas.
En España -hay que decirlo con toda claridad-, no tenemos un problema territorial. Tenemos dos. El primero, el de cómo articular con eficacia y cohesión el funcionamiento de nuestro sistema de distribución territorial, es común a todos los Estados profundamente descentralizados. España lo está y su régimen autonómico no marcha peor que otros de esa clase, pese a las muchas tonterías que, desde la más absoluta ignorancia de la política comparada, se dicen con frecuencia.
Pero en España tenemos otro problema territorial, incomparable: el planteado por los nacionalistas, problema que ha supuesto una rémora de formidable envergadura en nuestra historia de las cuatro últimas décadas. El lastre del nacionalismo, y los gobiernos autonómicos que ha controlado, para la España constitucional, descentralizada y democrática, se ha traducido en un conflicto territorial permanente con el Estado y con otras comunidades, en una ruptura del consenso interno de sus propios territorios y en un aumento descomunal de los costes del Estado de las autonomías. Los episodios secesionistas, antes vasco y ahora catalán, han culminado esa historia insoportable de desafíos y crisis sin final.