En su mensaje de fin de año, y bajo la falsa cobertura de un discurso institucional que es desde hace mucho tiempo un mitin independentista pagado con el dinero de todos los catalanes, el presidente de la Generalitat volvió a prometer un referendo de autodeterminación para septiembre.
Puigdemont sabe, por supuesto, como lo sabe todo el mundo, que ese «referendo legal y vinculante», con el que lleva meses y meses dando la tabarra, no llegará jamás a celebrarse, pues para ello sería necesario que el presidente del Gobierno, poniéndose fuera de la ley, cometiera una gravísima ilegalidad y optara por suicidarse políticamente de un modo ignominioso. No, no habrá referendo, como no lo hubo en tiempos de Artur Mas, quien, tras haber hecho la misma promesa que Puigdemont por tierra, mar y aire, hubo de contentarse con aquella payasada del 9-N, que hoy avergüenza por igual, aunque por motivos muy distintos, a los independentistas y a quienes están en contra del inmenso disparate de la secesión.
Resulta curioso, sin embargo, que personas cabales sigan todavía convencidas de que es posible desactivar la sublevación institucional en la que, contra las leyes y el sentido común más elemental, se ha embarcado la Generalitat, por el demencial procedimiento de darle a los sublevados un premio, de consolación sí, pero un premio, al fin y al cabo: reconózcase constitucionalmente el carácter nacional de Cataluña, piden unos; otórguesele una posición diferente y especial en nuestra ley fundamental, exigen otros; búsquese la forma para distinguir de algún modo a Cataluña y el País Vasco de los demás territorios, claman los terceros, convencidos, como los anteriores, de que solo del privilegio -¡no a favor de esas dos comunidades, sino de sus partidos nacionalistas!- nacerá la solución al constante desafío que los propios nacionalistas, que son solo una parte de sus respectivos territorios, vienen planteando desde que culminó la transición.
Pues bien, tal supuesta solución no lo es ni de lejos, al menos por tres motivos de gran peso. Porque privilegiar a Cataluña y al País Vasco sería inútil, como lo ha demostrado la nula capacidad de pacificación de los privilegios de los que ya gozan ambos territorios: por ejemplo, de un sistema de financiación especial, que no existe en ningún Estado federal (País Vasco) o de un enloquecido modelo lingüístico dirigido a extirpar el castellano (Cataluña). Porque privilegiar a Cataluña y al País Vasco sería tan injusto como lo es siempre favorecer a quienes incumplen la ley en perjuicio de quienes la respetan. Y, por último, aunque no en último lugar, porque privilegiar a Cataluña y al País Vasco acabaría resultando hacia el futuro una inacabable fuente de conflictos, una vez que quedase claro que la forma de obtener en España ventajas territoriales no es otra que acojonar a quien tiene la obligación de asegurar la igualdad de todos ante la ley y en la Constitución.